Durante la gestión de Arbilla en la dictadura masacraron a la prensa

El 27 de junio de 1973 «yo ocupaba un cargo importante realmente, era director de Difusión e Información de la Presidencia», confesó Danilo Arbilla, director periodístico del semanario Búsqueda, al diario El Día el 6 de junio de 1993.

El 27 de junio de 1973 un golpe cívico militar disolvía el Parlamento y el país entraba en su peor historia. Este hecho generó la inmediata renuncia a cargos ejecutivos de destacadas figuras políticas, como los entonces ministros Pablo Purriel (Salud Pública) –reconocido «quincista» de la época– y Robaina Ansó (Cultura), así como la del periodista Jorge Da Silveira.

Arbilla –quien llegó a ese cargo en 1972 con el presidente que se transformaría en golpista y dictador, Juan María Bordaberry– prefirió quedarse, a pesar de que admitió al diario El Día, en aquel junio de 1993, que fue la caída de las instituciones democráticas al reconocer que fue «notoriamente un quebranto institucional».

Desde sus comienzos el gobierno de Bordaberry, en los meses previos al golpe de Estado, arremetió contra la libertad de expresión, de prensa y de los periodistas. Clausuró el periódico La Gaceta de San Ramón (Canelones), que por tres ediciones corrió la misma suerte del diario Ultima Hora, como también fueron clausurados La Mañana, Ahora y El Popular. En abril de 1973 el Poder Ejecutivo requisó las ediciones de Mayoría, La Nación y La Opinión (todas publicaciones argentinas).

El 27 de junio de ese año, además de disolver el Parlamento y de crear a su gusto y antojo un Consejo de Estado, estableció en el artículo 3ero. del decreto: «Prohíbese la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de información, comentario o grabación que, directa o indirectamente mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo, o pueda perturbar la tranquilidad y el orden públicos».

Arbilla en ese entonces tenía sus maduros 30 años de edad, pero prefirió mantenerse en el cargo («tuve la disyuntiva y me quedé», dijo), como aseguró también en esa edición del diario El Día.

Un día después del golpe de Estado desde la Casa de Gobierno se resuelve la clausura del vespertino Acción por dos ediciones, pero cuando iba a reaparecer las autoridades impiden su circulación y su director, el doctor Jorge Batlle, actual Presidente de la República, prefiere cerrarlo definitivamente.

Tres días después de la disolución del Parlamento la dictadura clausura el semanario Marcha por dos ediciones, cuyo director era el periodista y paladín de la democracia Carlos Quijano, fallecido años después en su exilio de México. El semanario reaparece el 27 de julio.

El 2 de julio de ese mismo año se allana el local de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Tres días después se le prohíbe a CX30 Radio Nacional usar esa denominación.

A partir de este hecho se sucede una ola represiva contra los medios de prensa con una velocidad y agresividad inusitadas. Desde el 10 de julio de 1973 hasta el 28 de noviembre del mismo año se clausuran temporariamente 23 publicaciones, tanto de Montevideo como del interior del país (algunas de ellas por más de una vez), siendo 233 la ediciones que no llegan a los lectores, que sumadas a las de Acción y Marcha hacen 237 ediciones.

A esta escalofriante cifra hay que sumarle, sólo en 1973, otra clausura por siete días de CX30 y las clausuras definitivas de los diarios El Popular y Crónica.

Mientras esto ocurría, Danilo Arbilla seguía al frente de la Dirección de Difusión de la Presidencia (dictadura). En los comienzos de 1973 se confiscaba el libro de Federico Fasano «Paren las rotativas», quien ya había sido expulsado del Uruguay y se debía radicar en México, el país que abrió masivamente las puertas de su embajada para salvar a miles de uruguayos.

Las clausuras temporarias en 1974 no se quedaron atrás pero a la vez se centraron en el interior del país y comenzaron a caer con más intensidad sobre las radios.

En 1974 las clausuras temporarias llegan a 96, a un promedio de ocho por mes, mientras que las clausuras definitivas son para el Idealismo de Lavalleja, El Faro de Sauce, Ahora, Mensajero Valdense y Marcha de Quijano.

En 1975, con Arbilla en la misma responsabilidad de gobierno que aceptó de Bordaberry y de los mandos militares, la historia volvió a repetirse.

En este año el número de sanciones a la prensa se reduce, en la medida que ya van siete clausuras definitivas. En este año las clausuras transitorias llegan a 31, en tanto que las definitivas son seis. Ellas son: 9 de Febrero, Víspera, Darbas, La Idea Nueva, Civismo, Perspectiva de Diálogo.

En estos dos años y medio de dictadura, con Arbilla en el equipo de prensa de Bordaberry, fueron catorce clausuras definitivas, desde el 27 de junio de 1973 día del golpe de Estado hasta el 29 de diciembre de 1975 en que se clausura definitivamente «Perspectiva de Diálogo», dirigida por el sacerdote Andrés Assandri.

En octubre de 1975, según el libro «Cronología comparada de la historia del Uruguay, 1930-1985)», de Blanca Paris, Juan Odonne y Roque Faraone, es confiscada la circulación de la revista El Correo de la Unesco.

Qué pasó con los periodistas

El 2 de julio de 1973 fue allanada la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y despojada de todas sus pertenencias. El local fue ocupado durante un mes por la Policía y su colonia de vacaciones en el balneario San Luis fue ocupada por fuerzas de la marina y la Policía y luego abandonada en estado ruinoso.

Durante la dictadura fueron llevados a la cárcel Edmundo Rovira, del diario El País, que murió en el Penal de Libertad, Norma Cedrés, funcionaria de El Popular que murió en el penal de Punta De Rieles, mientras que Julio Castro, subdirector de Marcha, es uno de los uruguayos desaparecidos.

Desde el golpe de Estado de 1973 hasta fines de 1975, período en que Arbilla se reconoce como director de Difusión e Información de la Presidencia (dictadura), cayeron presos y posteriormente fueron al exilio –entre otros– Carlos Quijano, director de Marcha y Eduardo Viera, director de El Popular. Héctor Rodríguez, periodista de Marcha y de Respuesta fue detenido, salvajemente torturado y condenado a prisión por más de ocho años.

Los dirigentes de APU Carlos Borche –reconocido nacional e internacionalmente por su lucha en defensa de presos políticos paraguayos y por sus papel en la erradicación de la enfermedad de Chagas en nuestro país– y Santiago Puchet, junto al fotógrafo «El Gallego» González, fueron de los primeros exiliados en 1975 en la embajada mexicana.

Decenas de periodistas de El Popular fueron detenidos en ese período que va entre 1973 y fines de 1975 y condenados a prisión en el Penal de Libertad, luego de pasar por «El Infierno». Entre la larga lista se encuentran José Jorge Martínez, Rodolfo Porley, José Luis Piccardo, Rubén Acasuso e Ismael Weismberger.

En la noche del 9 de julio de 1973, cuando la democracia enfrentó en la calle a la dictadura, la sede de El Popular fue asaltada por las Fuerzas Conjuntas y detenidos sus periodistas.

El periodista Marcos Gabay describe en su libro «Política, información y sociedad», aquellos hechos: «Una tanqueta derribó los pesados paneles metálicos de la entrada principal y se lanzaron gases lacrimógenos contra los que se hallaban en el interior. A golpes de bastón y a punta de bayoneta se les obligó a permanecer en el piso, caminándoles luego por encima. No se respetaron niños ni mujeres embarazadas que se hallaban en el lugar. Al desalojarlos se les hizo descender las escaleras a lo largo de u
na fila del cuerpo de choque que los castigaba al pasar. Ya en la calle se les puso contra la pared y luego llevados en camiones a la Jefatura de Policía y después, en calidad de detenidos, al estadio cerrado municipal. En el momento se secuestraron ejemplares del diario y se cometieron diversos destrozos. En oportunidad de la clausura definitiva se dejó el local prácticamente vacío, secuestrándose las máquinas».

En la misma entrevista de El Día, Arbilla dijo que en ese período dictatorial (prefirió utilizar los términos «período de gobierno») «todo no fue tan malo».

En esos dos años y medio hubo 14 clausuras definitivas, 159 transitorias, la requisa de tres diarios extranjeros, de un libro y de una revista de la Unesco. Fueron presos dos directores de periódicos y dirigente de APU, mientras que dos de ellos marcharon al exilio. Se confiscó la colonia de vacaciones de APU y en años posteriores murieron tres periodistas en la cárcel a causa de las torturas recibidas; así como decenas de periodistas fueron encacelados.

Danilo Arbilla asegura que dejó su cargo a fines de 1975, aunque ha desaparecido la documentación respectiva en el Edificio Libertad. La información en poder de LA REPUBLICA sostiene que fue cesado en 1976 y no en 1975 como sostiene Arbilla, pero en cualquiera de los casos continuó hasta 1981 con su apoyo a la dictadura.

Su cese no se debió a causas políticas, y sí fue por razones de costumbres personales vinculadas a la esfera del ámbito privado de los seres humanos que LA REPUBLICA no acostumbra a revelar.