Muerte de Cecilia Fontana de Heber: acusana dos policías y una conexión estadounidense

Una instrucción judicial intentará, a partir del jueves 1º de febrero, echar luz sobre lo que ocurrió hace 28 años, cuando tres botellas de vino envenenadas enviadas a dirigentes del Partido Nacional cobraron la vida de Cecilia Fontana de Heber, esposa de Mario Heber y madre del hoy senador Luis Alberto Heber.

A lo largo de tres décadas, el caso fue investigado por dos juzgados penales, agentes policiales, funcionarios de Inteligencia y hasta oficiales de las Fuerzas Armadas, sin que se señalaran responsabilidades materiales o intelectuales de un atentado político cuyo esclarecimiento tendría impensadas derivaciones.

Una investigación de LA REPUBLICA, en la que se pudo acceder a los expedientes judiciales y parlamentarios, y se contactaron fuentes que estuvieron en contacto con las investigaciones, permite afirmar que el caso ha sido cubierto intencionalmente con un manto de secretismo y ocultamientos.

Las actuaciones policiales y judiciales en los años de la dictadura y, luego de la reinstitucionalización del país, en un Juzgado penal al que había derivado su estudio una comisión investigadora parlamentaria del Senado, dejaron una multiplicidad de «cabos sueltos» y solicitudes fiscales sin instrumentar.

Varios artículos periodísticos de distintas publicaciones y el libro «El vino de la muerte», del periodista Alvaro Alfonso, han sembrado dudas e interrogantes que en estos años nadie parece haber querido responder, luego de una decisión de la familia Heber de no utilizar el caso como una bandera político partidaria.

Sin embargo, el veterano senador Carlos Julio Pereyra, uno de los objetivos de aquellas mortales botellas de vino, replanteó la causa judicial a través del abogado Javier Barrios Bove (hijo del ex diputado Javier Barrios Anza), quien ha avanzado en una investigación, a la que LA REPUBLICA da hoy un aporte.

El trabajo periodístico reafirma la hipótesis de que el atentado fue alentado desde la Embajada de Estados Unidos y ejecutado por miembros de la Brigada de Narcóticos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) e implican a un funcionario policial de iniciales H. F. y una mujer de iniciales R. L.

 

Aquel atentado político

Sobre fines de agosto de 1978, tres botellas de vino blanco Riesling fueron recibidas en la casa de Luis Alberto Lacalle, en Echevarriarza 3374. Tenían como destinatarios al propio Lacalle, a Mario Heber y Carlos Julio Pereyra, estos últimos miembros de «triunvirato» blanco con Dardo Ortiz.

Las botellas, envueltas en papel azul, llevaban una tarjeta manuscrita que decía: «El jueves 31 al mediodía brindaremos por la Patria en su nueva etapa» y llevaba la firma «M.D.N.». Nadie abrió las sospechosas botellas hasta el 5 de setiembre cuando Cecilia Fontana bebió una copa y murió envenenada.

Ese 31 de agosto se realizaba una sesión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en el que, según rumores políticos de la época, el régimen podía llegar a destituir al presidente de facto Aparicio Méndez y se podía nombrar un triunvirato (un blanco, un colorado y un militar) para un proceso de apertura.

En ese quinto año de la dictadura se había desatado una lucha de poder interno entre el comandante en jefe del Ejército, teniente general Gregorio Alvarez, y la logia Tenientes de Artigas, fundada por el general Mario Aguerrondo, candidato presidencial blanco, junto a Mario Heber, en 1971.

La fórmula Aguerrondo-Heber había contado con el apoyo de un grupo ultranacionalista que, con apoyo de la embajada norteamericana, había editado la publicación «Azul y Blanco», en cuya dirección figuraba un grupo de ultraderechistas vinculados al grupo Tradición, Familia y Propiedad (TFP).

En la interna militar, el director del Servicio de Información y Defensa (SID), general Amaury Prantl, y el jefe del Departamento III del SID, mayor José Nino Gavazzo, editaron la publicación clandestina «El Talero», donde acusaban a Alvarez de «traidor» por hacer contacto con el exiliado Wilson Ferreira Aldunate, según declararon.

Aunque Prantl y Gavazzo fueron sancionados. Aparicio Méndez continuó en el gobierno por un par de años más, cuando el propio «Goyo» Alvarez asumió el cargo de presidente. El triunvirato cívico-militar nunca llegó a concretarse y Ferreira Aldunate terminó preso en 1984 cuando regresó al país.

 

El lobo con el rebaño

El 20 de setiembre de 1978 el comisario Hugo Campos Hermida, jefe de la Bridada de Narcóticos de la DNII, elevó al juez letrado Juan Carlos Larrieux el Oficio Nº 211 con sus conclusiones de la investigación sobre el homicidio de Cecilia Fontana de Heber.

Nunca se aclaró por qué el caso lo tomó la Brigada de Narcótico, una dependencia financiada por el gobierno norteamericano (que también había creado la DNII) y nunca hubo un grupo policial de la División Homicidios en la investigación de un evidente asesinato.

En su informe, Campos Hermida aclaró que de todo el procedimiento fueron enteradas las autoridades policiales, quienes se hicieron presentes en el lugar: el jefe de Policía, coronel Julio César Bonelli, el jefe de día, inspector Yamandú Castro, y el director de DNII, Víctor Castiglioni, entre otros.

En la investigación se interrogó a Heber, a Pereyra, a Lacalle, a Julia Pou, al personal doméstico, a amigos y familiares, y a casi todos los vecinos (un contador que vivía junto a lo de Lacalle nunca fue interrogado) de la finca de Echevarriarza para intentar averiguar quién había llevado el vino.

En los peritajes se llegó a hacer pruebas caligráficas de decenas de mujeres que estudiaron en el Sacre Coeur, porque según el calígrafo Pedro María Achard de allí provenía la letra de las tarjetas. Hasta se hizo la prueba a personal policial de la DNII, pero sus nombres no están en el expediente.

Indagaron todas las ventas del plaguicida «Fosdrín» (dimetoxifosfinil) con el que el vino fue envenenado. Incluso a un sobrino del derechista Celio Riet, a cuyo nombre adquirió ese veneno. Riet, autor de La Orientalidad como Doctrina Nacional, quien estaba vinculado a Azul y Blanco, nunca declaró ante un juez.

Siete años después, reabierto el caso, el senador frenteamplista José Germán Arújo declaró que, según fuente propias, Celio Riet había sido ideólogo del crimen y una mujer policía la autora de las notas. Ninguno de ellos fue citado por el juez Eduardo Lombardi, quien en 1988 volvió a archivar la causa.

 

Datos sospechosos

En las distintas investigaciones policiales, judiciales y periodísticas se ha intentado hilvanar una serie de pistas y datos que surgen del expediente judicial, donde aparecen las actuaciones policiales, declaraciones de testigos y el trabajo de la investigadora parlamentaria. Todos hallan algo sospechoso.

El Senado marcó en sus conclusiones de 1986 que había existido una «crisis de conducción» en la indagatoria. Algunos interrogatorios recuerdan a los breves «Informes Sambucetti», el fiscal militar que preguntó a los torturadores si habían hecho desaparecer a fulano y aceptaba el «No» de los denunciados.

El fiscal Martín Salaberry escribió: «Han transcurrido casi dos años de los hechos que ameritan estas actuaciones y es la primera intervención que se otorga a la Fiscalía del Crimen, lo que torna totalmente inoperante su posibilidad de coadyuvar en la averiguación de un ilícito de magnitud desconocida en los anales criminológicos de nuestro país».

Sin embargo, en la perspectiva de 28 años desde los hechos no se termina de avanzar en el móvil político del homicidio, y su vinculación con los contactos que el Partido Nacional realizaba con la dictadura y con la interna que enfrentaba a supuestos «aperturistas» y «duros» en las Fuerzas Armadas.

A principios de 1978 se había producido un fuerte choque entre la Armada Nacional y el Servicio de Información y Defensa (SID) por la detención de un par de dirigentes montoneros y los poster
iores operativos de captura contra opositores a la dictadura en Argentina y Uruguay.

A esos enfrentamientos se sumaba el que sostenían los Tenientes de Artigas con el comandante del Ejército Gregorio Alvarez, quien luego de suscribir la Orden Nº 77/77 por la que el mando se responsabilizaba de violaciones a los derechos humanos, comenzó a evidenciar una sospechosa ambición políticas.

En ese marco puede entenderse el ataque que Prantl (otro hombre cooptado por Estados Unidos) realizó contra Alvarez a través de «El Talero» en los meses de mayo y junio de aquel 1978, poco después que el secretario de Estado Cyrus Vance había llevado a Buenos Aires la nueva política de Jimmy Carter.

 

«Neutralizar» por «matar»

Ex miembros de la DNII reiteraron a LA REPUBLICA que aquel homicidio fue «alentado» por la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, que «sugirió» a sus agentes «tocados» de la Brigada de Narcóticos que «neutralizaran» el operativo político. Pasiones y odios políticos llevaron a ejecutar un asesinato.

Las fuentes reiteraron que el director de la DNII, inspector Castiglioni, elaboró un informe paralelo, en el que denunciaba la responsabilidad de la gente de la Brigada de Narcóticos en el homicidio, que fue llevado en mano al general Prantl, quien pese a su destitución seguía teniendo todo el poder en el SID.

El documento concluía que había sido un «trabajo interno» que adjudicaban a Hugo Campos Hermida. «Fue un disparate. Desde la embajada habían dicho que se debía ‘neutralizar’ a la dirigencia blanca y se entendió que había que matarlos», narró uno de aquellos agentes ( LA REPUBLICA, 7/12/2006)

Campos Hermida era uno de los policías más implicados con los agentes de la CIA (el norteamericano Frank, el portorriqueño Raúl o el «ruso» Pedro) quienes mensualmente les pasaban un sobre con dinero. El «combo» con la sorpresita de McDonald’s», diría el ex agente José Calace ( LA REPUBLICA, 1/1/2007)

Los informantes ­dos fuentes separadas­ coinciden en señalar a un ex agente de Narcóticos, de iniciales H. F., como el hombre que trasladó las botellas al domicilio de Lacalle. Ambos apuntan a una funcionara de iniciales R. L. como la posible autora de las misivas que llevaban los vinos envenenados en 1978.

Curiosamente, el carné de Policía de H. F. habría sido el que mostró a los agentes de Interpol el ex coronel Gilberto Vázquez cuando fueron a detenerlo en un departamento del barrio Palermo, donde se había ocultado durante su breve fuga del Hospital Militar.

La conexión norteamericana con la muerte de Cecilia Fontana de Heber no es descartada por el abogado Javier Barrios Bove, quien solicitó al Departamento de Estado abrir todos los archivos secretos que puedan tener información sobre el caso. Ningún documento desclasificado hasta hoy menciona el tema.