Vuelve la polémica sobre la instrucción militar obligatoria

Mientras los legisladores nacionalistas entienden que dicha norma debe ser derogada cuanto antes, desde el oficialismo se considera que su discusión debe formar parte de una nueva ley marco sobre Defensa Nacional, pero aún no se han pronunciado sobre su obsolescencia. La polémica sobre la instrucción militar comenzó en febrero pasado cuando el senador Jorge Saravia (Movimiento de Participación Popular) expresó públicamente que era partidario de que en los liceos se impartieran clases sobre defensa nacional y manejos de armas. Ello provocó un fuerte rechazo de legisladores tanto de la oposición como del propio gobierno. Desde el Partido Nacional, el diputado Javier García (Alianza Nacional) definió el planteo de Saravia como «demencial», pero dobló la apuesta y un mes más tarde presentó un proyecto de ley, ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, con el objetivo de derogar parcialmente una vieja ley aún vigente, que se aprobó en 1940 durante la presidencia del colorado Alfredo Baldomir, en la cual se establece que «todo uruguayo tiene la obligación de defender militarmente a la República y de cumplir con el régimen legal de instrucción militar que lo habilite para ese fin».

Pero la discusión del proyecto de García tuvo varias dilatorias en Comisión, entró y salió del orden del día en más de una ocasión. Incluso, fuentes cercanas al gobierno dijeron, antes de que la iniciativa se ponga a votación, que «este proyecto está muerto».

LA REPUBLICA consultó a los integrantes de la Comisión de Defensa que representan a todos los sectores políticos sobre si es posible la derogación de la instrucción militar obligatoria en Uruguay, pero aún se percibe cierto hermetismo.

García aseguró que a pesar de los retrasos, el grupo de labor parlamentario analizará su propuesta. El legislador considera que «insólitamente la legislación vigente establece la obligatoriedad de recibir instrucción militar, aunque es notorio que dicha imposición no se aplica desde hace tiempo».

El legislador nacionalista considera que su proyecto tiene la doble motivación de «adecuación a la realidad y de evitar que una norma, residual, sirva para que algunos justifiquen decisiones profundamente equivocadas».

Por su parte, Luis Rosadilla (Movimiento de Participación Popular) dijo que «en momentos en que el país se encuentra finalizando el debate sobre Defensa Nacional, y cuando el gobierno ha comunicado en reiteradas ocasiones que en 2007 remitirá al Parlamento una nueva ley de Defensa, no es conveniente el abordaje parcial de un tema que debe ser parte integrante de esa ley».

Por tanto, por razones de «oportunidad no debe aprobarse esa modificación parcial propuesta por García ya que el tema debe ser discutido en el marco general sobre la Defensa Nacional», sostuvo Rosadilla.

«En el proyecto estará incluida la propuesta del gobierno sobre cuál debe ser o no el servicio militar, si debe ser o no obligatorio, si debe ser o no voluntario, y a quién debe comprender. Y, seguramente, estará incluida una propuesta que puede ser igual a lo existente, que modifique lo que está establecido o lo elimine, pero siempre en concordancia con un conjunto de normas que están más allá de los problemas exclusivos de la instrucción militar. Por esa razón es imperioso esperar el debate general y no quedarnos en un debate parcial», dijo Rosadilla.

Mientras que el colorado Daniel García Pintos (Fuerza Nueva Colorada- Lista 15) prefirió no pronunciarse sobre la propuesta nacionalista, porque aseguró que su partido aún no analizó el tema. *