Carámbula refutó la autopsia del asesinato de Sabalsagaray en 1974

El candidato electo de Canelones, el doctor Marcos Carámbula, testificó ayer ante la Justicia Penal para contradecir una autopsia que declaró como «suicidio» lo que Carámbula calificó como el «homicidio» de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, cometido en junio de 1974.

El doctor Carámbula fue uno de los tres estudiantes de Medicina que observaron el cuerpo sin vida de Sabalsagaray, cuyo asesinato será investigado a partir de ahora por una denuncia penal que iniciaron sus familiares, a instancias de la actual Presidencia de la República.

En la fecha en que efectuó la observación del cadáver de Sabalsagaray, al ahora doctor Marcos Carámbula le faltaban apenas seis meses de estudio para obtener el título académico que al poco tiempo le otorgó la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar).

El asesinato de la militante Sabalsagaray no podría ser amparado en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado porque su secuestro fue protagonizado por al menos dos civiles, cuyas acciones quedaron excluidas del amparo de la llamada Ley de Impunidad.

Como amigo de la familia, el entonces estudiante Marcos Carámbula observó el cadáver de Sabalsagaray antes de su inhumación, junto a tres colegas suyos, y, según testificó ayer ante la Justicia Penal que instruye el expediente, el cuerpo presentaba claros signos de tortura.

La cuestionada autopsia que diagnosticó «suicidio» sirvió a la Justicia Militar de la dictadura para archivar de inmediato toda actuación, y su muerte no volvió a ser investigada como lo viene haciendo ahora la Justicia Penal desde que los familiares presentaron la denuncia.

Además de Carámbula, ayer testificó el novio que tenía entonces, el dibujante Francisco Laurenzo, y la actual dirigente bancaria Antonia Yáñez, que en 1974 era compañera de militancia de Sabalsagaray en el Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa).

El abogado de la familia, Juan Errandonea, explicó que la denuncia pretende esclarecer las circunstancias que rodearon el secuestro y la muerte, así como identificar a sus autores, coautores y cómplices. No dudó en afirmar que se trató de un «homicidio», y no de un «suicidio».

La autopsia del doctor José Mauttone, considerada legítima por la Justicia Militar, excluyó de su informe toda referencia a los claros signos de tortura severos que supliciaron a Sabalsagaray antes de su muerte, y afirmó que la joven militante murió por un «ahorcamiento».

Según consta en el acta de defunción, Sabalsagaray perdió la vida en el predio militar de Camino Casavalle 4600, donde ahora funciona el Batallón de Comunicaciones Nº 1, pero que en 1974 estaba el Batallón de Ingenieros Nº 5, una ex unidad especializada en transmisiones.

El doctor Errandonea destacó que muchos militares que prestaron servicio en el predio castrense en junio de 1974 podrían concurrir a la sede judicial en calidad de «testigos» para colaborar con la Justicia en la búsqueda de un esclarecimiento de los hechos ya denunciados.

El abogado, firmante de la denuncia, aportó a la sede judicial nombres de militares que actuaron en el predio en la fecha del «homicidio» y está a la espera de que los mismos sean citados a declarar como «testigos», y dijo aspirar a que los militares acepten asistir por voluntad propia.

El Poder Ejecutivo ya explicitó en forma pública la semana pasada que el caso del homicidio de Sabalsagaray está excluido de la Ley de Impunidad, porque en su secuestro habrían actuado dos civiles que, según la misma norma, son pasibles del ejercicio punitivo del Estado. *