Instalación de UPM II “es una agresión al orden constitucional, la soberanía y recursos naturales”

Ante el anuncio de UPM referido a la decisión de instalar su segunda planta de celulosa en el país, el “Movimiento Ciudadano UPM II – No” emitió una declaración en la que remarca su posición contraria a la iniciativa.

El movimiento considera que de concretarse lo informado por la empresa, en los términos del “contrato ROU-UPM”, constituye una “seria agresión al orden constitucional, a la soberanía nacional, a los recursos naturales del Uruguay, en particular al agua y a la tierra, a la economía, a la forma de organización social, a la educación y a la tradición cultural del país”.

A la vez, la organización reitera su posición referida a que “el contrato y todas las negociaciones secretas, previas y posteriores a la firma, son profundamente inconstitucionales, configurando un desborde institucional del Poder Ejecutivo en perjuicio del país, para beneficio de una empresa privada”.

“La necesidad de impedir la instalación de UPM, y de otros proyectos similares que el gobierno admite tener a estudio, sigue vigente”, remarca, a la vez se advierte que en caso de producirse la decisión final de inversión, “dejar sin efecto el contrato será más costoso, pero no menos necesario, así como es imprescindible evitar que otros proyectos, tan o más dañosos para el País, tengan andamiento”.

Por tal  motivo instan a “todos los partidos y sectores políticos, así como a las organizaciones sociales, a pronunciarse claramente ante un hecho que comprometería económica, política, ambiental, social y culturalmente al Uruguay durante décadas, sin haber recibido ni siquiera aprobación parlamentaria”.

“La responsabilidad de esos partidos y organizaciones por lo que ocurra será palmaria, ya sea por acción o por omisión”, indica el movimiento.

Audiencia judicial y reforma constitucional

A la vez se asegura que proseguirán con la acción judicial para que se declare la “responsabilidad de UPM y del Poder Ejecutivo por los daños futuros que pueda aparejar el contrato y la instalación de la planta”.

Recuerdan que la audiencia de conciliación previa al juicio está fijada para el 15 de agosto en el Juzgado de la calle Paraguay 1266. Estarán citados UPM y el Poder Ejecutivo y concurrirán los 21 representantes del reclamo.

También remarcan que UPM II es “un eslabón de una serie de proyectos celulósicos que pretenden instalarse en el país. Instalarlos implicará, una vez más, que quien ocupe el Poder Ejecutivo aproveche supuestos vacíos constitucionales para abusar de sus facultades, ignorando al Parlamento y a la ciudadanía”.

Por ello el “Movimiento UPM II – No” estudia la posibilidad de promover, mediante iniciativa popular, una reforma constitucional que “impida desbordes por parte de las autoridades y permita a los uruguayos ejercer el control sobre decisiones que afectan a la totalidad del país y nuestras vidas”.