“Fallo de Roma es el espejo en que debe mirarse el Poder Judicial para salir de la inoperancia”

Tras la decisión de la Justicia italiana de condenar a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú acusados de la desaparición de 23 ciudadanos italianos, en marco del Plan Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, durante los años 70 y 80, entre ellos se encuentran Jorge Tróccoli y Pedro Mato Narbondo, ambos prófugos, Crysol emitió un comunicado en el que expresa que se trata de un resultado positivo para la salud republicana de nuestra sociedad.

La organización de ex presos políticos reclama al Poder Ejecutivo que pase a retiro en forma inmediata a todos los jerarcas militares del Ejército y de la Marina que “han avalado la conducta de estos criminales”.

Aseguran que “con su accionar criminal lesionaron el honor de las Fuerzas Armadas”, y reflejan un sentido del honor y una escala de valores “incompatibles con un régimen democrático y republicano”.

A la vez, Crysol manifiesta que el fallo de la Corte de Roma “es el espejo en el cual debe mirarse el Poder Judicial para salir de la inoperancia que escandaliza a la sociedad”.

Declaración

A continuación la declaración de Crysol:

“Finalmente, en Roma, se hizo justicia. En la tarde de ayer (8 de julio) se conoció el fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones que condenó a cadena perpetua a un grupo importante de represores latinoamericanos, habiendo entre ellos, algunos de los represores más significativos del proceso represivo uruguayo. La condena del capitán Jorge Tróccoli y de Pedro “burro” Matos, ambos requeridos por la Justicia uruguaya, adquiere particular relieve. A ambos, en libertad, los obliga, además, a realizar resarcimientos indemnizatorios.

La causa se inició hace 20 años por parte de familiares de uruguayos detenidos desaparecidos de origen italiano y por parte de activistas de DD.HH cuando en Uruguay todos los caminos legales para llegar a la justicia estaban bloqueados debido a la vigencia de la ley 15.848, Ley de Impunidad. Luego de regresar a la institucionalidad democrática, durante el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, los militares lograron la aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado mediante una coalición de parlamentarios blancos y colorados.

La ley 15.848 supeditó el accionar del Poder Judicial al Poder Ejecutivo para la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos del terrorismo estatal. En los hechos operó como una ley de amnistía no encubierta para los militares y policías que habían actuado en operativos represivos en dicho período.

En el último tramo del proceso, durante la etapa del recurso de apelación, Presidencia de la República se involucró activa y enérgicamente para lograr este resultado tan positivo y tan necesario para la Justicia y para la salud republicana de nuestra sociedad. Debe continuar alerta y vigilante para que Tróccoli no vuelva a escapar y se efectivice la detención del capitán Matos mediante INTERPOL para que cumpla su bien merecida condena.

Investigar, esclarecer y sancionar, son acciones fundamentales para evitar que las graves violaciones a los DD.HH puedan volver a ocurrir. Es un derecho inalienable de las propias víctimas y una necesidad del conjunto de la sociedad. El reclamo de justicia de las víctimas nunca merece la más mínima descalificación. Ha sido, es y será, un paso decisivo para que haya justicia.

En esta hora de satisfacción por el logro alcanzado en una Corte lejana geográficamente y juzgando hechos distantes en el tiempo no nos pasa desapercibido que algunos de los condenados ayer, en Uruguay fueron absueltos por tribunales de honor militar a pesar de existir una condena explícita de la Justicia uruguaya acerca de ellos. Tal es el caso de José Nino Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira, Luis Maurente y Jorge Larcebeau.

El teniente general retirado Guido Manini Ríos, haciendo campaña política desde su cargo, señaló que habían sido condenados por la Justicia uruguaya de manera arbitraria e injusta.

Aún hoy, hay jerarcas militares de primer nivel, con mando de tropas, tanto en el Ejército como en la Marina, que consideran que estos delincuentes internacionales, con su accionar criminal, no lesionaron el honor de las Fuerzas Armadas. Reflejan un sentido del honor y una escala de valores incompatibles con un régimen democrático y republicano.

Saludamos a todos los familiares y compañeros que iniciaron estas causas y durante décadas, a veces en solitario e incluso cuestionados, militaron en forma incansable, demostrando que la única lucha que se pierde es la que se abandona.

Reclamamos al Poder Ejecutivo que pase a retiro en forma inmediata a todos los jerarcas militares del Ejército y de la Marina que han avalado la conducta de estos criminales. No debe esperar la anuencia de los senadores que han demostrado, una vez más, más allá de discursos y de declaraciones de intencionalidad, que continúan militando a favor de la impunidad para todos los casos del pasado reciente.

En Uruguay, el Poder Judicial tiene el monopolio de la investigación criminalística indispensable para llegar a la verdad, para esclarecer todas las causas pendientes, para citar, interrogar, incautar documentos, allanar domicilios, privar de la libertad. Debe ejercer sus facultades y potestades. Con su máximo órgano a la cabeza, debe poner fin a las reiteradas maniobras dilatorias e ilegales de los abogados defensores de los involucrados. Debe dejar de autorizar prisiones domiciliarias indebidas como hasta el presente. El fallo de la Corte de Roma es el espejo en el cual debe mirarse el Poder Judicial para salir de la inoperancia que escandaliza a la sociedad».