Denuncian que la Corte de Justicia tiene jurisprudencia retrógrada en DD.HH y ha legalizado la tortura

Pocas horas antes de la 23ª Marcha del Silencio que se realizará este domingo 20 de mayo bajo la consigna: “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y Hoy”, el coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini, se refirió a la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos.

En tal sentido, Michelini remarcó -según consignó radio Uruguay- que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia “ha apoyado los requerimientos del Poder Judicial en cuanto a las excavaciones en el predio de La Montañesa en zona rural de Pando que ya finalizó, y también culminó la parte administrativa en una chacra de Pajas Blancas en Montevideo».

Asimismo, el coordinador del Grupo afirmó que en la actualidad dos equipos de excavación se encuentran realizando trabajos de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en el Batallón de Infantería N°13, de camino de las Instrucciones.

Al mismo tiempo, y partir del requerimiento del fiscal nacional en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, se están efectuando trabajos exploratorios en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14 de Toledo.

“Se colabora en la exploración concreta ante los requerimientos que realiza el fiscal”, dijo Michelini.

“Legalizando la tortura”

Por otro lado, expresó que la Suprema Corte de Justicia “tiene una jurisprudencia retrógrada que se da de espalda con el derecho internacional en materia de protección de derechos humanos”.

Dijo que el máximo órgano judicial “se ha convertido en una parte muy importante del problema, en lugar de ser la solución y el paraguas que ampare a las víctimas de los gravísimos hechos, y con la última jurisprudencia ha legalizado la tortura”.

En otro orden, Michelini remarcó que el Grupo “fue creado por el presidente de la República para esclarecer los crímenes de lesa humanidad ocurridos previo al golpe de Estado en lo que se llamó la acción ilegítima del Estado, y posterior al golpe en lo que se denominó terrorismo de Estado”.

“Hemos accedido a los documentos del Ministerio de Defensa y en particular de las tres armas de las Fuerzas Armadas y estamos con cierta dificultad logística y operativa porque debemos realizar un gran esfuerzo para digitalización de esos datos y proceder a su análisis e interpretación”, expresó a radio Uruguay.

En febrero pasado, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos decidió abandonar el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia por considerar que “el principal obstáculo en la búsqueda de los desaparecidos y de la verdad y justicia ha sido y sigue siendo la falta de decisión política con respecto a las Fuerzas Armadas”, y que “no se ha querido presionar a los militares para que aporten la información que poseen”.