Reclaman al gobierno hacerse cargo del acoso laboral, hacer cumplir la legislación y concientizar a la ciudadanía

Aviaga ha participado en la “Mesa Nacional sobre Mobbing en el Uruguay” y ha cursado diversos pedidos de informes para conocer los protocolos existentes con respecto al acoso laboral en el país.

En ese marco, la parlamentaria blanca interroga al Ministerio de Educación y Cultura si ha recibido “denuncias internas de acoso sexual y/o laboral por parte del maestro Óscar Gómez hacia alguna o algún funcionario durante su gestión como subsecretario de dicha cartera en el período febrero 2012- febrero 2015”.

También pregunta por las medidas que tomó o tomará el Ministerio de Cultura frente a la denuncia penal, que se hizo pública en febrero del 2015, por “acoso sexual al subsecretario Gómez”.

Por otro lado, Aviaga remitió un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el cual interroga por el “protocolo existente que establece vías para la denuncias y evite represalias para el/la denunciaste”.

Mientras que su tercer solicitud de información está dirigida al Ministerio de Desarrollo Social, y pregunta por los mecanismos para la “detección, sanción y erradicación del acoso sexual que se generaron en el Instituto Nacional de las Mujeres-MIDES”.

Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos

“El acoso laboral y sexual no debería ser ajeno a nadie en el país, por el daño psicológico al que conduce y porque somos muchos quienes hemos recibido algún tipo de acoso laboral a lo largo de nuestra vida profesional”, indicó la legisladora.

También recuerda que existen principios y derechos fundamentales del ser humano: “El derecho a la vida, a  la libertad y a la dignidad. La igualdad y no discriminación; el derecho a vivir libres de violencia; el derecho a la integridad física y psicológica; acceso a condiciones de empleo justas y favorables, entre otros derechos”.

Todos estos principios y derechos fundamentales “se ven vulnerados cuando se presentan situaciones de acoso sexual y/o acoso psicólogo laboral”.

Por ello, expresa que el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos establece que el gobierno debe “conocer, defender y ejercer nuestros derechos, propone también que debe existir el respeto a la diversidad; el principio de no discriminación; el derecho  a poder vivir una vida libre de violencia y la necesidad de construir relaciones más igualitarias”.

Algunos de sus puntos destacados son los siguientes: “Atender las situaciones diferentes de hombres y mujeres en la vida familiar y laboral para erradicar discriminaciones de género en el sistema de seguridad social. Eliminar las prácticas discriminatorias por razones de género, edad, raza/etnia, opción sexual, VIH Sida o discapacidad. Establece que se debe informar, educar y legislar acerca de la problemática de acoso sexual en el ambiente de trabajo y eliminar las prácticas discriminatorias en los llamados laborales, procesos de selección y promoción del personal”.

La legisladora indica que “teniendo en cuenta el marco jurídico y planes de oportunidades y planes de apoyo  con el que cada ciudadano dispone surgen algunas interrogantes: Por qué las víctimas de acoso sexual y laboral se ocultan en el silencio en el sector público?”

“Qué pasa cuando un funcionario público hace una denuncia de acoso sexual / laboral? Quién se responsabiliza por llegar al fondo del asunto?”, pregunta.

“¿Nos habremos preocupado tanto en transmitirle a los trabajadores que luchar por sus derechos solo pasa por un tema económico y nos olvidamos de los principios fundamentales como lo son respetar la vida, la libertad y la dignidad del ser humano?, puntualiza la legisladora.