Uruguay ratifica política de abordaje de problemática de drogas desde perspectiva de derechos humanos

 

El gobierno presentó este jueves la implementación de los instrumentos de derechos humanos en las políticas de drogas, durante la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas de ONU.

En su informe, Uruguay propone considerar “directrices básicas para el reconocimiento de los derechos humanos en las políticas de drogas”.

Se establece la necesidad de “incorporar la vigilancia de los derechos humanos a los mecanismos de evaluación del seguimiento de los acuerdos internacionales en materia de drogas, asegurando la identificación de situaciones de riesgo o de violación de los derechos humanos en la aplicación de la política o en la falta de respuestas específicas para la protección de la población”.

Reclama la adopción de “mecanismos de denuncia para la identificación y adopción de acciones para la protección de la población en situaciones de violación de los derechos humanos en aplicación de las políticas de drogas”.

Resultados efectivos

El presidente de la Junta Nacional de Drogas y prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, subrayó que el Estado “ratifica su política en el abordaje de la problemática de drogas con perspectiva de derechos humanos”.

“Somos conscientes que no se obtienen resultados inmediatos automáticos, pero con una política decidida y sostenida en el tiempo estamos seguros que vamos a poder tener resultados efectivos”, reconoció.

A su turno, el subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, destacó que Uruguay propone la “jerarquización de los derechos humanos en las políticas de drogas”.

Dijo que el país aboga por un enfoque “integral y equilibrado” de las políticas de drogas, así como por la debida adecuación con los instrumentos internacionales de los derechos humanos.

Por su parte, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, reclamó “respetar la diversidad de enfoques”.

“Hay que seguir buscando los caminos para un consenso inclusivo y no excluyente. ¿Por qué negarnos a incluir buenas prácticas o modelos como la reducción de daños?”, planteó Romani.