Uruguay y Brasil destacan ante OEA la voluntad de Argentina de negociar de buena fe con “fondos buitre”

Previo a la reunión de cancilleres de la OEA de este jueves, citados para analizar la situación de Argentina ante el reclamo de los “fondos buitre”, el canciller Luis Almagro, explicó que el proyecto de resolución tiene como objetivo “darle a todos los países, a través del caso particular de Argentina, las mejores condiciones y garantías para renegociar y reestructurar su deuda”.

Almagro expresó, según consignaron diversos medios de prensa internacionales, que las naciones tienen que “ser capaces de poder renegociar sin verse afectadas por terceros que vienen con un esquema de especulación y la posibilidad de ganar 1.600% con relación a su inversión inicial, en muy poco tiempo”.

El canciller dijo que “tampoco es bueno para ninguna entidad financiera internacional ni ningún organismo multilateral de crédito, porque si en un momento están negociando una reestructuración de cualquier país, no se pueden permitir este tipo de competencia”.

En la propuesta de resolución, Brasil y Uruguay también destacan la “voluntad expresa del gobierno argentino de negociar de buena fe”.

Por ello, solicitan a los ministros de relaciones exteriores ante la OEA, que expresen “su respaldo a Argentina a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos como lo viene haciendo y logre un diálogo en condiciones justas, equitativas y legales con el 100% de los acreedores”.

También plantearon su “preocupación por el comportamiento de agentes especulativos que ponen en riesgo los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, afectando la estabilidad financiera global”.

A la vez, exhortan al “pleno apoyo al logro de una solución que no comprometa el amplio proceso de reestructuración de la deuda soberana argentina”, detallaron diversas agencias de noticias.

La situación

El fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa fue favorable a un grupo de fondos especulativos que no aceptaron las reestructuraciones de deuda planteadas por Argentina en 2005 y 2010 (canjes a los que se acogieron el 92 % de los acreedores), y  denunciaron al gobierno argentino.

Argentina manifestó los riesgos internacionales que implica la sentencia del juez Griesa, la cual “sienta un precedente judicial que pone en peligro la capacidad de los Estados de renegociar su deuda en casos de necesidad”.

La situación puede llevar a Argentina a una nueva suspensión de pagos (default) ya que considera que “el efecto dominó puede elevar el monto de pago más allá de 1.500 millones de dólares adeudados a los fondos buitre.