Definiciones del Congreso del Frente Amplio en economía, seguridad, Derechos Humanos y reforma constitucional
El aspecto medular, además de la elección de los precandidatos, se focalizó en el programa del Frente Amplio para el gobierno que asumirá en marzo de 2015 en materia económica. Aunque existieron controversias y discusiones de tono enfático, el espíritu de confraternidad de la fuerza primó y todo indica que la línea económica que ha llevado el país a su actual realidad en positivo, seguirá siendo el marco dentro del que se conforme la macroeconomía del país.
El tema tributario, que estaba entre los de mayores diferencias, se mantendrá en su línea general actual, y no se anuncian mayores cambios, aunque se adelanta que los productores rurales también pagarán el Impuesto de Primaria, pero en líneas de fondo el sistema continuará como en la actual administración. También se concluyó en la promoción para “avanzar en el incremento de la alícuota del IRAE”, postergando la moción de aumento progresivo para el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas”.
En cuanto al 6% del PBI para la educación, la redacción indica que “puede” llegarse a ese guarismo, pero no se concreta la partida fija pedida por los gremios.
Dos mociones que habían ganado fuerza: la reinstalación del Frigorífico Nacional y la vuelta a un ente pesquero del Estado –como el SOYP- no prosperaron.
En materia económica exterior, la integración regional podrá ser ampliada, ya que hay votos suficientes para que Uruguay se integre como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, aunque quedará en manos del Presidente de la República la decisión final llegado el momento.
La reforma constitucional y en el Poder Judicial
El congreso aprobó la certeza de una “voluntad reformulista sobre el texto constitucional vigente”, lo que implicará un nuevo Plenario Nacional que defina aspectos del tema lo que ocurrirá seguramente en 2015. Los cambios en la Constitución requerirán de consensos que se espera alcanzar en firme antes de la propuesta.
También se anticipan reformas “necesarias” en el Poder Judicial a través de una “serie de cambios institucionales”. Se prevén cambios en la Ley Orgánica de la Judicatura, modificando la fiscalía tal cual funciona actualmente y también el sistema de movilidad de los jueces. Los magistrados serán formados específicamente en temas de Derechos Humanos. Asimismo se entiende que el Estado deberá hacerse cargo de las investigaciones sobre los desaparecidos durante la dictadura.
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