Gobierno responde por escrito a Argentina que autorización a UPM no viola tratado del río Uruguay
El canciller Luis Almagro respondió por carta a su par argentino, Héctor Timerman, que la autorización a UPM se tomó cuando se habían agotado todos los plazos previstos en el estatuto del Río Uruguay, “no viola la soberanía ambiental argentina”, y que el trámite se inició “correctamente” ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Este lunes Almagro recibió la intimación oficial del gobierno argentino para que “de inmediato” Uruguay deje sin efecto la decisión de incrementar la producción de UPM, o de lo contrario recurrirá ante la Corte de La Haya.
El canciller argentino, Héctor Timerman, remitió una misiva a su par uruguayo, en la cual solicita que Uruguay “de inmediato” deje sin efecto, la decisión de habilitar a UPM a producir mayor cantidad de celulosa. De no ser así, advierte que recurrirá al tribunal internacional de La Haya.
Ante tal planteo, el gobierno respondió al planteo argentino. Según informó La Nación.com, la respuesta uruguaya fue “firme”, pero manteniendo “un canal de diálogo”.
El medio argentino aseguró que la respuesta también fue por vía epistolar.
El presidente José Mujica decidió que la respuesta fuera por carta, firmada por el canciller uruguayo, Luis Almagro y dirigida al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Héctor Timerman.
La respuesta
El gobierno uruguayo decidió dejar constancia que la autorización a UPM no depende de un aval de la Argentina, que además no tiene poder de veto.
La decisión sobre UPM “se tomó cuando se habían agotado todos los plazos previstos en el estatuto del Río Uruguay”, y “no viola la soberanía ambiental argentina”, expresa Uruguay.
Asimismo, asegura que UPM presentó la solicitud en 2011, que el trámite se inició “correctamente” ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en marzo de 2012.
Desde ese momento se realizaron los “contactos” al más alto nivel y que la Argentina dispuso de los dos plazos semestrales cada uno para hacer sus objeciones.
“Los 390 días que ha durado este proceso han sido más que suficientes. Además en la decisión de la Corte de La Haya de 2010 quedó claro que los mecanismos de consulta no debían derivar en que ningún país contara con una suerte de veto implícito”, expresa Uruguay, según La Nación.
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