Presupuesto

Suprema Corte de Justicia: desde este lunes vuelve a la vieja brega por su independencia económica, al reasumir la Presidencia el jurista Jorge Ruibal Pino

Comienza este lunes el ejercicio efectivo del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia: Jorge Ruibal Pino anunció que durante su mandato de 2013, habrá de priorizar que finalmente el cuerpo cuente con la debida independencia económica, una aspiración de larga data aún jamás concretada.

“Cuando hablo de independencia total, hablo de independencia económica. La otra independencia la tenemos, la ejercemos y hemos sido cuestionados oficialmente por ello. De modo que lo que precisamos y vamos a bregar para obtenerlo es por la independencia presupuestal que es lo que nos lleva a tener complicaciones en todos los proyectos que tenemos”, afirmó el jurista, tras asumir su cargo, en declaraciones a radio Carve.

“Ya lo intentamos una vez y por unos cientos de miles de votos –creo que por cien mil votos- no se pudo obtener. Pero esto demostró que la población entiende y comprende cuáles son las necesidades económicas del Poder Judicial”, puntualizó.

Se levanta la feria judicial mayor

Tras la asunción de Ruibal Pino (que ya ejerció el cargo en 2008-2009), se levanta la feria judicial mayor, y se reanuda la actividad de la Justicia en todos sus órdenes. El presidente reconoció que el Poder Judicial, “responde con eficacia por la asunción de sus técnicos, magistrados y funcionarios, pero no porque tenga recursos económicos para hacerlo”, marcando pauta de cual será su prioridad absoluta para esta nueva gestión anual.

Ruibal Pino, integra la Suprema Corte desde 2007, cuando, siendo el ministro más antiguo de los Tribunales de Apelaciones en todo Uruguay, la Asamblea General lo promovió al cuerpo, anticipándose a los plazos constitucionales, debido a que era imposible obtener mayorías políticas para elegir otra persona que cubriera la vacante que había dejado el cese del ministro Roberto Parga.

Ruibal Pino ha sido impulsor del protocolo al que deben atenerse los jueces en relación a los efectos incautados durante las actuaciones, abarcando además del dinero, a armas y drogas, en la línea que los juzgados se desprendan cuanto antes de esos elementos.

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