Diputados tratará en marzo despenalización del aborto aprobada por el Senado

Tras más de nueve horas de discusión, el proyecto fue aprobado por 17 votos en 31, con el respaldo de toda la bancada del  Frente Amplio  y un voto de Jorge Saravia,  legislador del Partido Nacional.

«La ley vigente es ineficaz, discriminatoria e injusta», afirmó la senadora Mónica Xavier, miembro informante de la iniciativa, explicando que no ha hecho que el aborto disminuya y que quienes tienen recursos económicos logran realizarlo más fácilmente, en clínicas clandestinas o en el extranjero.

Xavier explicó que la nueva norma constituye «un mecanismo garantista de que si la mujer no puede proseguir el embarazo, tenga las mismas garantías que una mujer que llevó el embarazo a término».

Según el proyecto aprobado en primera instancia, «toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional».

El plazo no se aplicará si el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran «malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina».

Todos los servicios de salud, públicos y privados, tendrán la obligación de realizar el aborto en forma gratuita a las usuarias que lo soliciten.

La norma vigente actualmente, aprobada en 1938, pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con el mismo y dos a ocho años para quien lo practique sin el consentimiento de la mujer.

Se consideran causas atenuantes que se cometa «para salvar el propio honor, el de la esposa o un pariente próximo», por «razones de angustia económica», si el embarazo fue producto de una violación o si se hace para salvar la vida de la mujer.

Voces en contra

Desde la oposición, en tanto, se defendió la vida desde la concepción. «¿No estaremos con esto incentivando el número de abortos?», se preguntó el senador del Partido Nacional Carlos Moreira, quien sostuvo que la ley no prevé que se consulte al padre sobre la decisión.

«Esta ley antepone el derecho de la mujer sobre el del niño, que es el más débil y no se puede defender. Se convierte el aborto en un derecho y en un gasto médico que va a pagar todo el pueblo», dijo a la AFP Lorna Marchetti, integrante de los movimientos Pro-Vida, que se manifestaron afuera del Palacio Legislativo portando cruces blancas.

A su vez, desde temprano en la mañana, la Coordinadora por el Aborto Legal realizó una intervención colocando cientos de manos anaranjadas con la consigna «Aborto legal» en torno al parlamento.

Xavier dijo a la AFP que el proyecto «viene a llenar un vacío notorio dejado por la Ley de Salud Social y Reproductiva» aprobada en 2008.

En ese entonces, los artículos que legalizaban el aborto fueron vetados por el entonces presidente Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión y primer presidente de izquierda del país, por «principios éticos».

Al realizarse de forma clandestina, los abortos en Uruguay son difíciles de contabilizar, pero según datos de organizaciones no gubernamentales, en este país con 3,4 millones de habitantes se registran más de 30.000 abortos por año, contra unos 47.000 nacimientos anuales.

Diversas encuestas han revelado que entre 57% y 63% de la población estaría a favor de legalizar la interrupción del embarazo.

En América latina el aborto es legal solamente en Cuba -desde 1965- y en Ciudad de México, donde fue despenalizado en 2007.

En algunos países se permite el aborto sólo si hay riesgo de muerte de la madre o, en ciertos casos, si el embarazo es producto de una violación.

En Uruguay el aborto fue legal entre 1934 y 1938, año en el que se aprobó la ley actualmente vigente.

(AFP)