Los beneficiarios deberán ser solteros y menores de 21 años, salvo mayores de 18 años con medios para su sustentación o incapacitados para trabajar.
Para recibir el dinero deben someterse a tratamiento psicológico obligatorio y probar su concurrencia a “institutos docentes estatales o privados”. Además, deberá haber sido procesado el imputado como victimario de la persona fallecida.
En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo sostuvo que del total de mujeres asesinadas en el país en 2010, el 85% lo fueron en episodios de violencia doméstica según el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior.
Y entre noviembre de 2009 y octubre de 2010 murieron 35 mujeres en estas circunstancias. Como consecuencia de esto, entre ocho y catorce niños quedan huérfanos cada año. A ellos apunta el proyecto.
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