Imprescriptibles: casi 500 casos judiciales aguardan resolución

Hoy comenzará una etapa clave para el cúmulo de las indagatorias judiciales por crímenes de la dictadura. La calificación de los delitos como crímenes de lesa humanidad será el eje del debate. La Corte tendrá la última palabra. Casi 500 casos esperan la decisión.

MAURICIO PÉREZ (mperez@diariolarepublica.net)

La reciente presentación de varias denuncias por los crímenes perpetrados por agentes del aparato estatal en dictadura y la reapertura judicial de decenas de casos, oportunamente archivados por aplicación de la Ley Nº 15.848, “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, impulsarán desde hoy un debate jurídico cuyo eje radica en la imprescriptibilidad o no de los delitos perpetrados en los años 70 y 80.

Organizaciones de derechos humanos presentaron, en los últimos días, diversas denuncias contra oficiales y personal subalterno de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres, por sus diversos grados de participación en los ilícitos contra ex presos políticos. Los hechos narran las torturas y vejámenes perpetrados en los centros de detención de la dictadura contra casi 500 ex presos políticos.

La reciente Ley Nº 18.831, por la cual se restablece la pretensión punitiva del Estado y se declara la imprescriptibilidad de los crímenes habilita a jueces y fiscales a continuar la indagatoria en los casos de violaciones a los derechos humanos. Empero, los abogados del Centro Militar presentarán desde hoy recursos incidentales de prescripción en estos procesos y, en caso de no hacerse lugar a sus planteos, promoverán acciones de inconstitucionalidad contra dicha ley.

El hecho implicará la necesaria interpretación jurídica de los tribunales sobre la calificación de los ilícitos perpetrados por militares, policías y civiles con la aquiescencia del Estado. Los casos llegarán irremediablemente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La posición que adopte la Corte determinará la continuidad de los procesos y el posible juzgamientos de los responsables o el archivo definitivo de las indagatorias. Decenas de causas aguardan la resolución del debate.

Torturas y violaciones

Una veintena de mujeres presentó el pasado viernes una denuncia penal contra de oficiales y subalternos, hombres y mujeres, por las torturas y delitos sexuales perpetrados contra ellas, en distintas unidades militares, incluido, el Penal de Punta de Rieles.

La denuncia narra con crudeza la conducta de los represores hacia las mujeres y el menoscabo de su integridad, mediante prácticas como “la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos (…) llegando en muchos casos a la consumación de la violación”. Los responsables de los vejámenes “disfrutaban perversamente” con sus acciones, ejerciendo indudablemente una violencia de género, dice el escrito.

La denuncia presentada por las ex presas políticas generó un profundo impacto por el tenor de los ilícitos, pero no es la única causa iniciada por torturas ante los tribunales uruguayos. En este sentido, la jueza Mariana Mota, tiene a estudio la primera denuncia penal por la práctica sistemática de torturas durante la dictadura, en la Base Aérea de Boiso Lanza. Una treintena de ex presos políticos presentaron la denuncia sobre fines de 2010.

Asimismo, ex presos políticos presentaron denuncias por los ilícitos cometidos en el Regimiento de Caballería Mecanizado Nº 6, el Batallón de Infantería Mecanizada Nº 13 (centro clandestino de detención “300 Carlos”) y el Batallón de Infantería Nº 7 de Salto. Además, la Justicia instruye un caso por tortura presentado por 40 ex militantes de la UJC contra ex comisarios de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), al tiempo que ayer se presentó una denuncia penal por la “Operación Morgan” (90 casos de tortura) y una denuncia por torturas contra jóvenes de 13 y 17 años en Treinta y Tres.

En tanto, un grupo de activistas por los derechos humanos presentó ante la Justicia más de 170 casos tortura, privación ilegal de libertad, homicidio y desaparición forzada, entre otros actos ilícitos perpetrados en dictadura. Las denuncias fueron presentadas en comisarías.

El decreto

Sin embargo, las denuncias de parte no son los únicos casos, aún pendientes de resolución, tramitados en la Justicia uruguaya. La aplicación por parte de jueces y fiscales del decreto del Poder Ejecutivo por el cual se revocó, por razones de legitimidad, más de 80 casos amparados, por anteriores gobiernos, en la Ley de Caducidad, determinó la reapertura de decenas de expedientes en todo el país.

La Justicia retomó, mediante la aplicación de la resolución CM/323 del Poder Ejecutivo, la indagatoria penal por la muerte en tortura de Alvaro Balbi, Oscar Baliñas y Hugo Leonardo de los Santos, los casos por el secuestro y desaparición de Eduardo Pérez Silveira y Oscar Tassino, entre otros.

Asimismo, el decreto tuvo efecto en el Interior, por cuanto la jueza Letrada de Fray Bentos de 1er. Turno, Livia Pignataro, dispuso la reapertura del crimen de Vladimir Roslik, y el juez Letrado de Flores de 1º Turno, Eduardo Telesca, desarchivó una denuncia de la FEMI por los ilícitos cometidos en la Brigada de Artillería Nº 2.