Imputan a la máxima autoridad de la Iglesia chilena por encubrir abusos sexuales
El cardenal Ricardo Ezzati deberá declarar el próximo 21 de agosto por encubrimiento de abusos sexuales.
La Fiscalía de la ciudad chilena de Rancagua citó a declarar a la máxima autoridad de la Iglesia católica en Chile, el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, en calidad de imputado por encubrimiento en casos de abusos sexuales por parte de miembros de la institución religiosa.
A través de un comunicado el Arzobispado de Santiago informó que «Ezzati fue citado por la Fiscalía Regional de Rancagua para declarar en calidad de imputado el próximo 21 de agosto, por la eventual responsabilidad que podría caber en el delito de encubrimiento».
En el texto Ezzati reitera su compromiso y el de la Iglesia de Santiago con las víctimas en la búsqueda de la verdad y con el respeto a la Justicia civil. «Tengo la convicción de que nunca he encubierto ni he obstruido a la justicia y como ciudadano cumpliré con mi deber de aportar todos los antecedentes que contribuyan a esclarecer los hechos», afirmó el arzobispo.
Ezzati tendrá que declarar como imputado por la presunta responsabilidad de encubrimiento de abusos sexuales perpetrados, entre otros, por su mano derecha, el sacerdote Oscar Muñoz, en detención preventiva desde la semana pasada por abuso sexuales a siete menores.
La citación se conoció este miércoles, 24 horas después de que el Ministerio Público informara que está investigando a 158 personas relacionadas con la Iglesia católica en el marco de 144 casos de abusos sexuales o de otro tipo contra 266 víctimas en Chile.
La Fiscalía chilena también informó que solicitará al Estado Vaticano los antecedentes que recibió el papa Francisco respecto de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y funcionarios de la Iglesia.
El organismo pretende obtener el informe que elaboró el arzobispo Charles Scicluna, enviado del papa Francisco a Chile, sobre casos de abuso sexual cometidos en el país sudamericano.
Scicluna visitó dos veces Chile junto al jesuita español Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, recogió los testimonios de 64 presuntas víctimas y entregó al papa un informe de 2.300 páginas.
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