Nueva jornada de reclamo de los trabajadores de PepsiCo en Buenos Aires

Bajo el lema «Contra los despidos y los cierres» de fábricas este miércoles se realizó una nueva protesta de los trabajadores que fueron echados de la planta de la empresa PepsiCo, en las afueras de Buenos Aires.

Apoyados y acompañados por organizaciones sociales y partidos de izquierda, los trabajadores de Pepsico cortaron la avenida 9 de julio —una de las más importantes de la ciudad— para reclamar sus puestos de trabajo, y luego marcharon hacia el Congreso Nacional donde buscaban entrevistarse con los diputados pero fueron interceptados por la policía que lanzó gas pimienta y golpes a los trabajadores antes de que pudieran acceder al edificio.

Marchamos al Congreso. Exigimos se declare la planta un bien d utilidad pública. Nos acompañ proyecto d ley d diputada FIT @NathiGonzalezS pic.twitter.com/oZUQyI6sEn

— PepsicoEnLucha (@Pepsico_Enlucha) 26 de julio de 2017

La protesta de los trabajadores de Pepsico se asienta en un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo que ordenó a la compañía reincorporar a parte de los casi 600 despedidos hace más de 10 días, lo que aún no ha sido acatado por la empresa.

El delegado de los trabajadores de Pepsico, Camilo Mone explicó «vinimos acá a hablar con los diputados, y nos encontramos con una valla de policía de la infantería con gases, escudos que no nos dejaron ingresar hasta que pudimos pasarla para hacer lo que vinimos a hacer: reclamar por nuestros puestos de trabajo», expresó y consideró que se trató de «una represión completamente innecesaria para demostrar autoridad».

La Policía de Macri reprime y no deja que los trabajadores lleguemos al Congreso @CN23 @canal9oficial @telefenoticias @telenoche pic.twitter.com/66APb1jtOz

— PepsicoEnLucha (@Pepsico_Enlucha) 26 de julio de 2017

«La agenda de los trabajadores es urgente. Que el Gobierno decida la expropiación o nacionalice la empresa, pero nosotros queremos volver a trabajar. No nos tiene que recibir con gases y palos, porque queremos trabajar y nada más», agregó.

Por su parte Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda manifestó que «los trabajadores vinieron a donde se supone que están los representantes del pueblo a expresar su lucha por la reincorporación y también para entregar un proyecto para expropiar la planta para que sea entregada a los trabajadores», y agregó que «lo inexplicable es que en vez de hacer cumplir el fallo de la justicia que dice que tienen que ser reincorporados la policía los esperó con un operativo vergonzoso, un operativo policial violento mientras ellos venían manifestándose pacíficamente».

Los trabajadores llegamos al Congreso la policía no pudo paramos. Hoy todos con los trabajadores de PepsiCo!! pic.twitter.com/WaoZsvsf5D

— PepsicoEnLucha (@Pepsico_Enlucha) 26 de julio de 2017

Luego de esa acción la diputada por el frente de Izquierda Nathalia Gonzalez, propuso una sesión especial para tratar despidos y suspensiones. Allí exigieron que se trate y discuta sobre los despidos y cierres, no sólo en PepsiCo sino en otras empresas.

Despidos y represión

El pasado 20 de junio la planta de PepsiCo ubicada en el municipio de Vicente López cerró sus puertas de manera imprevista, dejando a casi 600 personas sin trabajo. Desde ese momento comenzó la acción de los trabajadores que primero ocuparon la planta para reclamar por sus puestos y luego instalaron una carpa frente al Congreso en Buenos Aires para ser escuchados por los legisladores.
Los trabajadores fueron desalojados de la planta el pasado 13 de julio tras una fuerte represión de las fuerzas de seguridad que despertó la indignación de gran parte de la sociedad, que según las encuestas apoya el reclamo de los trabajadores.

«La planta de Florida empleaba a 600 personas, 100 de los cuales estaban tercerizados y fueron echados sin indemnización», explicó el delegado Leandro Gómez.
Y agregó «de los 500 restantes, 100 no aceptamos la decisión de la empresa y los otros 400 firmaron una doble indemnización, pero 200 de esos compañeros dicen que hicieron el arreglo bajo extorsión porque, si no acordaban, iban a cobrar el 50 por ciento de lo que les correspondía».