Chile: en entredicho programa de reparación por despidos en dictadura

El programa oficial de reparación de trabajadores despedidos por razones políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile quedó en entredicho tras una denuncia sobre miles de falsos beneficiarios, con millonarios montos de defraudación fiscal involucrados, de los cuales aún no hay una estimación total.

El presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Ex Presos Políticos de Chile, Raúl Celpa, denunció la noche del jueves que bastante más de la mitad de los 160.000 beneficiarios de este programa son «falsos».

«Son 100.000 los falsos exonerados políticos», dijo en una entrevista con CNN Chile Celpa, que este viernes se excusó de hablar con la AFP por estar convaleciente.

La cifra se agrega a un reciente informe despachado por la Contraloría General de la República, que en base a una muestra aleatoria de casi 9.000 casos estimó en 3.000 los falsos beneficiados por el programa.

Además, dijo que en otros 5.917 casos -que podrían ser falsos o no- no se cumplieron todos los requisitos para acceder a un bono que cubrió vacíos existentes en sus fondos de jubilaciones y les permitió acceder a una pensión mensual.

En este caso, la Contraloría calculó en 60 millones de dólares el monto eventualmente defraudado.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo por su parte que según cálculos del gobierno son al menos 180 millones de dólares los que el Estado chileno había pagado a «falsos exonerados» políticos, que de acuerdo a sus informes, llegarían a unos 4.200, sólo tomando como base la muestra aleatoria de la Contraloría.

«Es uno de los mayores fraudes al fisco», dijo Ubilla.

Remediar el pasado

Tras el retorno a la democracia, después de los 17 años de dictadura de Pinochet, el Estado chileno estableció varias leyes de reparación de víctimas del régimen militar y sus familiares, así como exiliados y «exonerados políticos».

En el caso específico de quienes fueron cesados de sus trabajos por razones políticas, se estableció un pago de pensiones mensuales o en su defecto un bono para que pudieran cubrir sus vacíos previsionales.

Actualmente el Estado desembolsa al año unos 400 millones de dólares por este concepto, según informes oficiales.

Los requisitos para acceder al programa eran pertenecer a las cerca de 1.500 empresas estatales o privadas intervenidas o clausuradas por la dictadura, incluyendo también a miles de funcionarios de las fuerzas armadas, partidos políticos y la policía.

Para acreditar la condición, era necesario adjuntar documentos oficiales o en su defecto el testimonio de testigos o certificados emitidos por partidos políticos, en su mayoría pertenecientes al Partido Socialista y el Partido Comunista.

El gobierno del derechista Sebastián Piñera acusa que el programa fue usado por los partidos que hoy conforman la oposición como una forma de pagar «favores políticos».

A meses de las elecciones presidenciales de noviembre, el oficialismo ha arremetido directamente contra la candidata opositora y exmandataria socialista Michelle Bachelet (2006-2010), quien encabeza los sondeos y a cuyo gobierno y el de su antecesor socialista Ricardo Lagos se acusa de otorgar la mayoría de los falsos beneficios.

La Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio de Interior, del que depende el programa, y al Instituto de Previsión Social, pero aún no había una investigación judicial en curso. AFP