Indígenas sobrevivientes del genocidio esperan justicia en Guatemala

Pedro ha estado presente en los primeros días del juicio a Ríos Montt, acusado de genocidio contra poblaciones de la etnia maya Ixil, que inició el pasado martes.

Para llegar a la capital, viajó unas diez horas y abordó tres autobuses desde el municipio de San Gaspar Chajul, en el Quiché, donde reside, en las montañas del oeste guatemalteco.

Varios de sus vecinos acuden al juicio para testificar sobre las masacres cometidas por los soldados en esa localidad, entre 1982 y 1983, periodo que corresponde al gobierno de facto de Ríos Montt.

Dedicado a la siembra de maíz y frijol, Pedro cuenta que vive con su esposa y cinco hijos en una casita de madera y láminas de zinc en la aldea Ilom de San Gaspar Chajul, donde, en marzo de 1982, un grupo de soldados mató a 96 hombres, entre ellos a su padre y dos tíos.

«En la madrugada llegaron los soldados. Nos llevaron a todos a la plaza. Después de reunir a los pobladores, los militares separaron a los hombres mayores en la iglesia y a las mujeres en una casa que funcionaba como juzgado», relató a AFP el sobreviviente, quien en ese momento tenía unos 12 años.

Esa fue la última vez que vio con vida a su padre. Minutos después de que los soldados abrieron fuego contra el casi el centenar de hombres, Pedro tuvo que ayudar a preparar alimentos para los militares que sepultaron los cadáveres en una fosa común.

Los soldados quemaron las precarias viviendas de la aldea. Pedro y su familia buscaron refugio en comunidades cercanas «sólo con lo que llevaban puesto». Un tiempo después, su madre murió «a causa del miedo», asegura el campesino.

Treinta años más tarde, el destino lo ubica en una gran sala donde la justicia determinará si el octogenario militar y su exoficial de inteligencia, José Rodríguez, son culpables o inocentes del delito de genocidio por la muerte de 1.771 indígenas ixiles.

«Sentimos que el viejo (Ríos Montt) se va a ir al bote (prisión). No es mentira lo que nos hicieron. Sentimos mucho dolor por lo que pasó», expresa Caba, convencido de que el exdictador será condenado.

Cerca de él se encuentra María Raymundo, de 41 años, quien hizo una travesía similar en autobús desde el municipio de Santa María Nebaj, en el mismo departamento indígena de Quiché.

Tímida, se tapa la boca con la mano mientras narra en idioma ixil aquella medianoche de marzo de 1982 cuando un escuadrón militar secuestró a su padre acusándolo de pertenecer a la insurgencia.

Pedro traduce sus palabras al castellano: «Los soldados sacaron a mi papá, yo quería morir con él» relata María, quien nunca más supo de su padre y sufre al pensar que los perros u otros animales se comieron el cuerpo.

Viuda y madre de cinco niños, también vive del cultivo de maíz en su comunidad enclavada en el altiplano occidental guatemalteco, donde el régimen se ensañó contra poblaciones indígenas por considerar que colaboraban con la guerrilla.

«Queremos que (Ríos Montt) pague con cárcel por lo que hizo. No es lo mismo que hicieron con nuestros padres, porque de una vez los mataron. Los familiares de él lo podrán ir a ver, pero yo no se dónde está mi papá», agregó.

El juicio por genocidio contra Ríos Montt se prolongará por unos dos meses, según estima el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Jazmín Barrios, debido a la cantidad de testigos y peritos propuestos por la Fiscalía, los querellantes y la defensa.

Durante el proceso, se ventilarán documentos militares de la época que contienen planes de exterminar a los maya-ixiles por considerarlos «enemigos internos» durante el conflicto armado, según ha anunciado la parte acusadora.

Hasta ahora han declarado unos 40 indígenas sobrevivientes de las masacres ocurridas entre 1982 y 1983, uno de los periodos más sangrientos de la guerra civil (1960-1996) que dejó en Guatemala unos 200.000 muertos o desaparecidos, según el informe de una Comisión de la Verdad, de la ONU. AFP