Cuenta regresiva para ley de Medios que enfrenta a gobierno argentino y Clarín

Los grupos mediáticos tienen plazo hasta la medianoche del viernes para presentar sus planes de desinversión por exceso de licencias autorizadas que estableció la ley votada en el Congreso en 2009. Caso contrario, desde el lunes la autoridad de aplicación (AFSCA) comenzará a hacerlo de oficio.

“Esperemos que el lunes estemos trabajando con los planes de adecuación voluntaria, que tienen tiempo de presentar hasta mañana (viernes). Si eso no sucede, el 10 la AFSCA se presentará en la empresa que no cumplió para anunciar el inicio de la transferencia de oficio, con concurso, adjudicación y traspaso«, dijo este jueves a radio Del Plata el titular del AFSCA, Martín Sabbatella.

El funcionario dijo que hasta ahora «hay casi 19 (grupos) y medio sobre 20 que quieren cumplir la Ley, y medio que dice no cumplirla«, en alusión al Fondo Fintech Advisory, que posee el 40% de Cablevision -la mayor empresa de TV por cable de Argentina- y ha expresado su interés por adecuarse a la norma, aunque Clarín, el socio mayoritario, con el 60% de las acciones, se opone.

Según Sabbatella, el multimedios Clarín posee «el 41% del mercado de radio, el 38% de la TV abierta y el 59% de la TV por cable, cuando el máximo en todos los casos es 35%».

Clarín, uno de los principales grupos mediáticos de América Latina, tiene el diario de mayor circulación en el país, canales de aire, de cable, radios y redes de televisión por cable, con un volumen de negocios de 9.753 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) en 2011.

«Hay una batalla judicial. ¿Qué va a decir la justicia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley? Otra batalla es por el sentido general de la ley: en Argentina la palabra está muy concentrada y hay que democratizarla. Una gran mayoría de la población y una enorme mayoría de diputados aprobaron eso», dijo a la AFP Luis Alberto Quevedo, director del programa de Comunicación de Flacso.

Quevedo añadió que la tercera batalla «es económica, ya que la desconcentración hace que poderosos grupos pierdan dinero, posicionamiento frente al mercado»

A 24 horas de la puesta en marcha de la norma, el gobierno y el Grupo Clarín ahondan su dura pulseada en los estrados judiciales.

Clarín considera que no se puede aplicar la norma antimonopólica hasta tanto un juez no se pronuncie sobre si esa norma es constitucional, mientras el gobierno considera que la Corte Suprema fijó el plazo del 7 de diciembre («7 D») para que comience a regir.

En un aviso en Clarín, el grupo respondió con dureza al ministro de Justicia, Julio Alak, quien sostuvo que si un tribunal cuestionado por el gobierno decide prorrogar una medida cautelar presentada por el multimedios contra la desmonpolización, «sería un alzamiento contra una ley de la Nación y una burla a la voluntad popular».

Clarín sostuvo en su respuesta que «una vez más el ministro de Justicia volvió a usar los micrófonos para amenazar descaradamente al Poder Judicial y para lanzar falsedades que involucran al grupo».

Al mismo tiempo, el radicalismo, segundo partido en el Congreso, dijo este jueves que pedirá el juicio político contra Alak y además lo denunciará penalmente por impulsar «una ofensvia» contra los miembros de la Cámara Civil y Comercial Federal, el tribunal que el gobierno critica porque presuntamente favorece al multimedios.

Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llegará el viernes a Buenos Aires, cuando comience a aplicarse la norma.

El enfrentamiento entre Clarín y el gobierno se juega además a través de una profusa publicidad en los medios masivos de comunicación, con acusaciones y respuestas mutuas que se renuevan casi diariamente. AFP