Debate caliente: España cuestiona el presupuesto de la Casa Real y el uso de fondos públicos por el Rey

Un accidente del que fue víctima el Rey durante una cacería en África parece haber liberado la crítica abierta de los españoles a su responsabilidad en el manejo de los gastos, mientras las arcas del Estado enflaquecen, así como a sus actuaciones personales en las que, entre otras cosas, entra en colisión con normas ambientales.

La campaña de caza implica un gran gasto por el desplazamiento en avión hasta Botswana, más el personal, las armas, municiones, la seguridad real y el coste propiamente dicho de la expedición.

Una estancia de 12 días en uno de los campamentos con licencia para abatir un elefante, el ejemplar más caro, cuesta unos 37.000 euros (48.600 dólares), según las agencias de viaje y turismo.

Ese alto costo, que choca con la crisis española con rebaja de sueldos de funcionarios públicos que van a de 25 a 30 por ciento y cinco millones de personas desempleadas, no hubiera salido a luz sin el accidente.

Ello pone sobre la mesa un hecho conocido, pero no criticado hasta ahora por los partidos y es que la Casa Real no está obligada a informar sobre el uso de su presupuesto. No lo hizo hasta diciembre de 2011, cuando por primera vez brindó datos, aunque incompletos.

Entre los más duros críticos se encuentra Julio Anguita, excoordinador de la coalición Izquierda Unida (IU), quien dijo que se debe recordar que el Rey «siempre ha tenido una corte de escándalos» y que la monarquía «debería desaparecer». «No puede haber un señor que no le alcance la ley», resaltó.

IU presentará este miércoles 18 una propuesta en el Parlamento para que se aclare si el viaje de Juan Carlos I fue costeado con el dinero que recibe de los Presupuestos Generales cada año la Casa Real, que en 2011 fue el equivalente a 11,2 millones de dólares, y si algún ministerio aportó fondos o medios.

En el marco de los ajustes fiscales previstos, este año se reducirá el monto para la Casa Real en apenas dos por ciento y no afectará lo que perciben los miembros de la familia, sino que solo incidirá en los gastos de mantenimiento o viajes.

Por su parte, la portavoz del partido centroizquierdista Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, dijo a IPS que es muy doloroso que el Rey no se dé por enterado de la situación que «afrontamos y se vaya de cacería por África mientras el país está sufriendo una triple crisis «la económica, la política y la social».

En el mismo sentido se pronunciaron dirigentes del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Su portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, dijo comprender «la incomprensión, el malestar y la indignación» que generó ese episodio del Rey.

Para todos los gustos

Rodríguez añadió: «El Rey es conocedor de la situación, y confiamos en que también la Casa Real se dirija a la sociedad española y diga algo al respecto».

En cambio, el gobernante Partido Popular (PP) se negó a pronunciarse sobre el particular. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, dijo que su sector no entraría «en la polémica que algunos están tratando de alimentar».

Desde el campo social también se sumaron a las diatribas contra la Casa Real. Activistas defensores de la vida animal se concentraron cerca del hospital donde el Rey aún se recupera de la lesión de cadera, reclamando que reflexione sobre su costumbre de cazar.

Uno de los críticos, el portavoz de la organización no gubernamental Igualdad Animal, Javier Moreno, manifestó que el dolor que ha sufrido el Rey debería hacerle reflexionar sobre el que él ha infligido a los animales «durante tantos años».

A su vez, la organización Actuable ha pedido que el Rey «deje de ser el presidente de Honor» del capítulo español del no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)», cargo que ocupa desde 1968, por no ser compatible con su afición a la caza.

Desde WWF se limitaron a indicar que informarán al Rey sobre la gran cantidad de pedidos recibidos de sus socios solicitando que dé un paso al costado.

Pero no es solo la caza en África la que impacta por estos días sobre la imagen del Rey.

Uno de esos problemas surgió cuando su nieto Froilán Marichalar, de 13 años, se hirió en uno de sus pies mientras, junto a su padre, manipulaba una escopeta en una finca familiar. En este país está prohibido el uso de esas armas por parte de menores de 14 años.

Pero lo que más golpea a la Casa Real es la investigación que pesa sobre el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, actualmente imputado de negocios turbios y del presunto desvío de fondos públicos.

Manuel González Peeters, abogado defensor de Diego Torres, quien fuera socio de Urdangarin en el Instituto Nóos, ha entregado documentación a la cadena de radio SER, que, en caso de confirmarse, comprometería también al Rey.

El secretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, pidió a Juan Carlos I que elija entre sus responsabilidades y haga frente a los varios casos que se le presentan o que abdique, una acción esta última que, según se dice en voz baja, podría dar paso a la república. Aunque se coincide que esa es una posibilidad muy remota. IPS