Priorizan recuperar el control sobre las petroleras y su producción

La presidenta Cristina Fernández recibió ayer en su despacho a todos los gobernadores de las provincias petrolíferas, donde se “evaluaron los pasos a seguir”, pero nadie sabe a ciencia cierta cuáles. Los gobernadores y demás figuras políticas presentes en el encuentro fueron llamados a silencio.

Todo indica que se ultiman los detalles para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso de la Nación un  proyecto en el que declara “de interés público” el 50.01% de las acciones de la filial de la petrolera Repsol, en el país.

El grupo Repsol, de España tiene el 57,43% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales –YPF- , el grupo argentino Petersen el 25,46%, el 17.09% está operando en la bolsa, y el 0.02% es estatal.

La petrolera española viene de mantener serias diferencias con el gobierno, en torno al precio de los combustibles, así como a distintas irregularidades que la empresa cometió en la venta de productos subsidiados.

Desde Madrid, el propio Ministro de Industria, Energía y Turismo español, José Manuel Soria, directamente amenazó al gobierno de Buenos Aires, diciendo que cualquier “gesto de hostilidad” contra empresas españolas “tendrá consecuencias”.

Revocación de permisos

La advertencia española se produce después que seis provincias argentinas revocaran sus permisos de explotación a la filial de Repsol.

Otras dos provincias ya anunciaron que seguirán el mismo camino. En Santa Cruz, de donde es oriunda la presidenta, se decretó la caducidad de las licencias de la petrolera haciendo caer un plan de operaciones que los españoles proyectaban hasta 2017.