Anuncian primera acción penal por delitos durante la dictadura en Brasil

La denuncia acusa al coronel de la reserva del Ejército de Brasil Sebastiao Curió Rodrigues de Moura, conocido como «Dr. Luchini», del «secuestro de cinco militantes capturados durante la represión a la guerrilla del Araguaia en la década de los ’70 y hasta hoy desaparecidos», informó el fiscal Tiago Rabelo.

La denuncia criminal será presentada el miércoles a la justicia de la ciudad de Marabá, en el estado amazónico de Pará, en el que actuó esa guerrilla, informó Rabelo, que trabaja en esa jurisdicción, en rueda de prensa con otros tres procuradores de Sao Paulo y Rio Grande do Sul, que suscriben la acción.

Luego de tres años de investigación, los denunciantes afirman que los cinco militantes, dos mujeres y tres hombres, fueron «secuestrados por tropas comandadas por el entonces mayor Curió entre enero y setiembre de 1974 y, después de ser llevados a bases militares coordinadas por él y sometidos a grave sufrimiento físico y moral, nunca más fueron encontrados«.

La ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) catalogó la decisión de «histórica».

«Esta es una gran noticia para las familias que perdieron seres queridos en la brutal represión que siguió al golpe militar de 1964″, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, en un comunicado. «Un cuarto de siglo después de la transición de Brasil a la democracia, aún están esperando justicia«, recordó.

El Estado brasileño reconoce a 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura.

A diferencia del resto de los países del Cono Sur, no ha habido condenas penales en Brasil, ya que la ley de amnistía de 1979, corroborada recientemente por la Corte Suprema del país, protege a los represores de cárcel y juicios. En varias partes del país familiares de víctimas y promotores ya han presentado acciones civiles.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró a final de 2010 sin «efectos jurídicos» la ley de amnistía y ordenó al país que determine las responsabilidades penales y aplique sanciones por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de cerca de 70 personas de la guerrilla del Araguaia.

Los procuradores, que integran un grupo que apoya la decisión de la Corte Interamericana, advirtieron que pueden haber otras denuncias civiles y penales.

El presidente de la Orden de Abogados de Brasil, Ophir Cavalcante, expresó «simpatía» por esta acción, pero dijo que sólo tendrá éxito si la Corte Suprema reconsidera su decisión de ratificar la validez de la ley de amnistía.

«La acción penal que estamos abriendo no enfrenta las decisiones de la Corte Suprema», dijo no obstante Rabelo a la AFP. Los procuradores basan su demanda en dos decisiones de la Corte Suprema, que aceptó extraditar a Argentina a dos ex militares por considerar que los delitos durante la dictadura de los cuales el país les acusaba no habían prescrito, explicó.

«Las víctimas nunca fueron localizadas, el crimen de secuestro no termina. Por tanto, la ley de amnistía de 1979 no se aplica en este caso porque el delito sigue ocurriendo después», dijo el fiscal Sergio Gardenghi Suiama, de Sao Paulo.

Repercusiones

La acción enciende la polémica en Brasil, que aprobó recientemente la creación de una Comisión de la Verdad destinada a esclarecer los delitos de la dictadura, una iniciativa del gobierno que no conlleva acciones penales, pero que recientemente levantó la ira de sectores de las fuerzas armadas en el país.

La presidenta Dilma Rousseff, ex guerrillera que en la dictadura sufrió tortura y cárcel, sancionó en noviembre la creación de la Comisión de la Verdad. Sus miembros aún no han sido nombrados.

Los responsables de los clubes de las Fuerzas Armadas brasileñas, que representan a los militares en retiro, publicaron en febrero una carta con duras críticas al gobierno y a la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario, que dijo que en el futuro los militares podrían ser llevados ante la justicia para responder por crímenes cometidos en la dictadura. AFP

Las dictaduras del Cono Sur latinoamericano comenzaron en Paraguay (1954-89) y siguieron en Brasil (1964-85), Uruguay (1973-85), Chile (1973-90) y Argentina (1966-73 y 1976-83), y se coordinaron en el denominado «Plan Condor» de persecución de opositores. AFP