En cada estación, el joven conductor del tren avisaba al controlador que tenía problemas en los frenos

El accidente «determinaría por sí mismo, por su gravedad, la falta de aptitud, pericia y responsabilidad por parte de la empresa para continuar como concesionaria del servicio ferroviario», advirtió en un escrito la Defensoría del Pueblo Nacional.

Legisladores de la opositora Unión Cívica Radical (UCR) se sumaron al pedido y solicitaron además la comparecencia ante el Congreso Nacional «de los funcionarios responsables» del área, el secretario de Transportes de la Nación, Juan Pablo Schiavi, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

El miércoles un tren con 2.000 pasajeros se estrelló contra el paragolpes de contención en la terminal de Once en una de las peores tragedias ferroviarias de la historia argentina.

El maquinista declaró ante la justicia que intentó frenar dos veces la formación pero que el mecanismo no funcionó y aseguró que había avisado a sus superiores que el sistema de frenado evidenciaba fallas.

«En cada estación le avisaba por la radio al controlador de tráfico que tenía problemas en los frenos. Del otro lado me respondían ‘seguí, seguí, seguí’, relató Marcos Córdoba, de 28 años, que tras declarar fue liberado por el juez Claudio Bonadío.

A sus denuncias se sumó la Unión Ferroviaria que este sábado aseguró que el paragolpes hidráulico que debía morigerar el impacto tampoco funcionó correctamente por supuesta negligencia en su mantenimiento.

Controles deficientes

«El control de la carga de agua debe hacerse cada 15 días y la resistencia probada por una locomotora (pero) esto lo hacían una vez cada seis meses», denunció el sindicato que reclamó «el fin de la concesión y la formación de una comisión independiente investigadora» para determinar responsabilidades.

La Auditoría General de la Nación anunció que el miércoles presentará un nuevo informe sobre TBA (Trenes de Buenos Aires) -concesionaria de la línea Sarmiento- en el que advertirá «sobre el comportamiento de incumplimiento reiterado de la empresa«.

El organismo de contralor ya había advertido «en 2008 que la empresa prestaba un servicio en condiciones deplorables con el tema de los frenos».

«Conmueve la circunstancia de que era un accidente previsible«, dijo a Radio Mitre el titular del organismo Leandro Despouy al advertir que el gobierno «está autorizado a tomar una medida» con la empresa.

Tras la tragedia, el ministro De Vido anunció que el Estado se presentará «como querellante» en la causa. «Acá no se generan esquemas de protección para nadie» advirtió, en alusión a que el gobierno no daría respaldo a TBA.

La investigación judicial está en marcha, pero aún no han finalizado las pericias que permitan formular una acusación.

La presidenta Cristina Kirchner no se ha pronunciado públicamente y pasa el fin de semana recluida en su residencia de la villa turística de El Calafate, en la patagónica Santa Cruz, para conmemorar este sábado la fecha en que su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007) fallecido en 2010, hubiera cumplido 62 años.