Dueños de Eternit a la cárcel por matar a 3 mil personas con amianto

La sentencia fue recibida con gritos, aplausos y llanto por los familiares de las víctimas, quienes pedían justicia desde hace años y sobre todo una condena ejemplar para los dos ex altos ejecutivos.

El ex propietario del grupo, el multimillonario suizo Stephan Schmidheiny, de 65 años, y el ex accionista belga, el barón Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne, de 91 años, fueron condenados por haber provocado de modo intencional una catástrofe y haber violado las reglas de seguridad en sus fábricas de Italia, que funcionaron de 1976 a 1986.

Se trata del mayor juicio organizado hasta ahora por el amianto, un mineral fibroso –del que el asbesto es una variante de fibras más duras– que organismos médicos internacionales acusan de provocar cáncer con una elevada mortalidad.

Desde hace unos años se ha prohibido su uso en todos los países desarrollados, aunque sigue siendo utilizado en otros en vías de desarrollo, entre ellos casi todos los de América Latina, incluido Brasil.

La defensa negó la responsabilidad directa de los dos acusados, que nunca asistieron a las audiencias y que fueron condenados en contumacia.

La fiscalía requirió la pena más severa por esos delitos, es decir veinte años, debido a su gravedad: las personas expuestas al amianto pueden enfermarse varias décadas después.

Tanto el barón belga como el multimillonario suizo, aún sabiendo que el amianto era peligroso, decidieron mantener las fábricas abiertas y no dispusieron ni siquiera del uso de guantes y mascarillas como primera medida de protección para evitar que miles de personas se enfermaran de tumor en los pulmones y asbestosis por la inhalación del polvo del asbesto.

El proceso se inició en diciembre de 2009 en Turín (norte) y reunió a más de 6.000 querellantes.

«Ha sido una sentencia histórica, tanto por los aspectos sociales como por aquellos técnico-jurídicos», comentó el ministro de Salud italiano, Renato Balduzzi, quien recordó el apoyo del Estado y las instituciones italianas a los familiares de las víctimas.

«Se trata de una sentencia equilibrada, ahora hay que ver si cumplen con sus obligaciones», reaccionó Sergio Bonetto, uno de los abogados de los familiares, quien teme que la interposición de recursos legales impida las indemnizaciones establecidas.

La sentencia dispuso el pago de decenas de millones de euros en concepto de indemnización, entre otros, a la asociación Medicina Democrática, a varios ayuntamientos, como el de Casale Monferrato, la ciudad que ha registrado el mayor número de muertos y cuyos familiares recibieron con lágrimas la sentencia.

«Ha sido el mayor juicio realizado en el mundo por un asunto de seguridad laboral», reconoció el fiscal Raffaele Guariniello, cuya determinación fue elogiada por asociaciones y familiares.

Tarda pero llega

Una enorme pancarta que rezaba «Eternit Justicia» fue desplegada en la sala de audiencias, en la que se encontraban también representantes de las víctimas de otros países, entre ellos numerosos provenientes de Francia.

«La gente iba a trabajar sin protección alguna«, recuerda Piero Ferraris, cuyo padre, Evasio, murió en 1988 a los 63 años de cáncer tras haber trabajado en la fábrica de Eternit de Casale Monferrato de 1946 a 1979.

«Casale es una ciudad mártir, llena de gente enferma», sostiene Remo Viotto, de 77 años, quien trabajó durante 32 como camionero de Eternit y lucha desde hace 18 años contra un cáncer.

El amianto, usado durante décadas como material milagroso por su resistencia al calor y al fuego, fue prohibido en toda la Unión Europea en 2005 cuando entró en vigencia una directiva de 1999, y ahora se milita por una prohibición mundial con el fin de que el drama no continúe en los países en desarrollo.

Pese a que es difícil cuantificar las consecuencias mortales del amianto en numerosos países, en Francia podría ser responsable de unos 100.000 decesos antes de 2025, según la Agencia Salud Medio Ambiente (Afsset).

En América Latina se dio un primer paso en 2008, cuando una ley del estado brasileño de Sao Paulo que prohibía el amianto en esa región fue juzgada constitucional pese a un recurso interpuesto por industriales, recordó Mauro de Azevedo Menezes, abogado de la Asociación brasileña de víctimas (Abrea).