Líder de periodistas de Cuba admite que hay problemas para informar

«A pesar de los documentos establecidos en respaldo de la función periodística, no se ha logrado en todas las instancias administrativas la comprensión sobre el derecho de los medios de información a llevar la verdad al pueblo», dijo Páez, citado por la Agencia de Información Nacional.

El directivo se reunió en la provincia de Cienfuegos, 250 km al este de La Habana, con un grupo de periodistas que «abogaron por una mayor apertura de las fuentes oficiales» para realizar su trabajo, según la Agencia.

En ese sentido, Alina Rosell, directora del periódico provincial de Cienfuegos, «denunció la demora en las respuestas o el silencio de organismos y empresas ante las quejas que los lectores remiten» a ese diario.

Durante décadas, el acceso a la información ha sido una de las demandas insatisfechas de la prensa cubana, lo que resulta más dramático para medios extranjeros acreditados en el país.

Apertura

Entre el centenar de propuestas aprobadas el fin de semana por la primera Conferencia Nacional del gobernante Partido Comunista (único), se plantea la necesidad de estimular «un periodismo objetivo y de investigación» que «permita desterrar la autocensura, el lenguaje burocrático y edulcorado, el facilismo, la retórica, el triunfalismo y la banalidad».

Previo al cónclave comunista, el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, dijo en una entrevista con un periódico digital universitario que «Cuba necesita» una prensa revolucionaria no oficial«.

«Es una necesidad, es el reto: una prensa revolucionaria no oficial que permita una mirada crítica, que no signifique tener que responder estrictamente a la gestión del gobierno, sino todo lo contrario: poder enfatizar en las lagunas, los errores, los problemas, decir descarnadamente lo que pasa», dijo Rojas.

El presidente cubano, Raúl Castro, ha criticado el «secretismo» oficial, y se ha pronunciado por una prensa más transparente y crítica. El diario oficial Granma, periódico del Partido, acusó en julio pasado a funcionarios estatales de obstruir el acceso a la información.