Más de 24.000 ex paramilitares se acogen a ley que suspende penas

Sin embargo, 1.800 ex integrantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no acudieron a realizar los trámites para beneficiar de esa ley, conocida como la 1424, por lo que «podrían perder su libertad«, indicó Eder al presentar el balance oficial en la sede de la presidencia, en Bogotá.

La norma, promulgada a fines de 2010, abarca a los ex paramilitares que aún habiendo delinquido no habían cometido delitos de lesa humanidad.

La nueva legislación de desmovilizados ha sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, en especial porque el compromiso de confesión de los ex paramilitares que se acogen a ella será ante la Comisión de la Verdad Histórica y no tendrá valor en procesos penales.

Pero el gobierno del presidente Juan Manuel Santos la ha defendido como un mecanismo para llenar los vacíos de una ley de Justicia y Paz con la que se promovió la desmovilización de unos 32.000 integrantes de las AUC entre 2003 y 2005.

La Ley de Justicia y Paz otorgó beneficios procesales a los jefes paramilitares que confesaran sus crímenes contra la población civil y accedieran a reparar a sus víctimas. A cambio, las penas máximas fueron establecidas en ocho años de prisión.

Crímenes atroces

Las AUC, que combatían a las guerrillas izquierdistas en Colombia, cometieron miles de crímenes atroces contra la población civil y tejieron alianzas con la élite política, por lo que más de un centenar de dirigentes políticos son investigados por la justicia.

A través de los testimonios de los jefes paramilitares acogidos a la Ley de Justicia y Paz han sido confesados 46.154 homicidios, 1.614 masacres, 4.389 desapariciones forzadas, y al menos 562 actos de tortura, según un informe de la Fiscalía de 2010, el más reciente.

Sin embargo, hasta ahora el Tribunal de Justicia y Paz ha emitido una sola condena en firme sobre la masacre de 13 campesinos de Mampuján (departamento de Bolívar, norte).

(AFP)