Amaro y Casas, fuera de los fueros

Si la actuación pública de determinados jerarcas administradores de los dineros de todos en gobiernos pasados en OSE y otros entes es sospechosa de ilicitud, el asunto, razonable y forzosamente debe ser dirimido por la Justicia, en bien de la salud y transparencia democrática que los ciudadanos exigimos de quienes nos gobiernan. Aun los votantes del senador Justo Amaro y el diputado Alberto Casas no los pusieron allí para que cometieran o fueran sospechosos de ilegalidades. Los acusados necesitarían limpiar su imagen y la única forma es que los tribunales los encuentren libres de culpa. ¿De qué se protegen tras privilegios si no tienen nada que esconder? Podrían usarse como alegato de sus defensores en los Juzgados las argumentaciones que esgriman y que ahora presentarán eventualmente en comisiones de ambas Cámaras, solo que será un pasatiempo, porque la realidad es que no están los votos para desaforarlos pues no alcanzan con los del oficialismo. Y es vergonzoso que los aludidos no hayan tomado la iniciativa de presentarse ante el juez espontáneamente, porque al final la gente paga a legisladores para que distraigan su tiempo en estas parodias.

Aunque no les alcance lo que hay que tener para hacerlo, y de no ser esto aclarado debidamente, pesará en su desmedro aunque les pese, la inquina y el recelo, de que su gestión pasada en los entes sirvió para comprar votos haciendo favores, total, después con las prerrogativas de «representantes del pueblo» estarían a salvo de rendir cuentas sobre los cuestionados subterfugios.

Es irritante que a la grave acusación que mal entretiene a la opinión pública y a los actores involucrados, se sume el también mal uso de la maquinaria parlamentaria -pagada por nosotros los ciudadanos y bien cara- para andar tras algo que no va a resultar porque no se llega al porcentaje constitucional exigido para permitir la actuación de la Justicia, y que debería dilucidarse en el terreno apropiado para hacerlo o sea los juzgados. Antes que todo el fiscal no llega a ese punto si antes no ha tenido los llamados elementos de convicción suficientes: ha visto y posee documentación, ha investigado seriamente en base a declaraciones y demás.

Otra cosa es cuando el legislador puede ser obstaculizado en el desempeño de sus tareas en medio de un trabajo parlamentario, pero en este caso se les acusa de un posible delito que además fue -si fue- cometido ANTES de que fueran legisladores. ¿De qué estamos hablando entonces? Ellos deberían tener la entereza de renunciar para aclarar su situación, máxime si están tan seguros de no haber incurrido en excesos.

Similitudes que las hay, hace poco renunció el senador Frenteamplista Leonardo Nicolini, cuestionado porque logró acceder a un carné de asistencia gratuita de Salud Pública para someterse a una intervención quirúrgica de pulmón en el hospital Pasteur.

El senador Víctor Vaillant resaltó al respecto: «Lo que ha hecho Nicolini es un ejemplo de transparencia. Los hombres y mujeres que tenemos un cargo de confianza pública, no sólo tenemos que ser honestos sino que también tenemos que parecerlo».

Esta me parece una razón contundente y paradigmática para un legislador de buena fe.

Recompongo la idea que basa su centro en dos aspectos: no estaban cumpliendo tareas de parlamentarios cuando ocurrieron los hechos de los cuales se les reclama y si todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pues seámoslo entonces. Nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario y un proceso judicial es justamente para señalar responsabilidades. ¿No confían en la Justicia? Es lo que tenemos, como se dice ahora y a ella estamos sometidos potencialmente la población entera de este país.

Llegó la hora de fuera los desafueros para tapar chanchullos.

Los legisladores no son jueces y tienen la obligación de permitir que se investigue y se encuentren protagonistas cuando se trata de delitos, de lo contrario devendrán en simples encubridores.

No sé lo que hicieron antes pero ahora, digo y sostengo que Amaro y Casas están abusando de la ciudadanía uruguaya. Podrían ahorrarle al pueblo ese gasto, presentarse a la Justicia y zanjar el tema donde se debe a fin de no hacer más grande la barrabasada que ya parece ser cuantiosa. Como ejemplo de las varias acusaciones de dineros dilapidados, el expediente dice que en OSE un directivo «entre julio de 2003 y marzo de 2005 consumió casi 38 mil litros de combustible, es decir unos 1.795 litros por mes, según los registros del organismo.

Para cobrar el dinero supuestamente gastado en combustible «enmendaban las facturas entregadas por las estaciones de suministro escriturando la numeración de un coche de matrícula oficial».

Con esto, cualquiera podría decir que obtuvieron fueros haciendo favores y apropiaciones individuales. Que vayan a la Justicia y comprueben que no. *