Desalojo violento

 

Los operativos policiales coordinados pusieron fin en la madrugada del domingo a las ocupaciones de los liceos Miranda y 11 del Cerro, con el saldo de varios estudiantes heridos, dos de los cuales debieron ser internados durante seis horas en el Hospital de Clínicas y a uno de ellos le debieron dar ocho puntos. Otra joven de 19 años perdió dos dientes tras un golpe de un coracero.

Amparados en la oscuridad, sin prensa, sin legisladores, sin la presencia del jefe de Policía, ni el ministro del Interior, Guillermo Stirling, sin autoridades del Codicen, es decir sin las garantías que puede dar la democracia, los coraceros de uniforme negro, con escudos y palos, respaldados por grupos de apoyo llegaron en forma simultánea al Cerro y las inmediaciones del Palacio Legislativo donde se ubica el Miranda para poner punto final, en 20 minutos, a una medida gremial que desde hace 40 días reclama por mayores recursos para la educación.

Todo había sido planeado. Las autoridades de Secundaria sabían que a las dos de la mañana iba a actuar la fuerza pública. Los directores que a esa hora llegaron a los centros de estudio negociaron cinco minutos con los ocupantes para pedirles que desistieran de su actitud. Los jóvenes, que días atrás habían anunciado que en caso de ser desalojados por la fuerza saldrían pacíficamente, pidieron un breve plazo para abandonar el local, pero los coraceros manejaban otros tiempos. Irrumpieron por la fuerza, forzaron la puerta (del Miranda no así la del 11 que estaba abierta) y con violencia sacaron a los estudiantes, varios de los cuales terminaron con contusiones, traumatismos y hematomas. Todos los heridos son de un bando: estudiantes.

Las autoridades policiales y el presidente de Secundaria, Jorge Carbonell, entienden que la actuación de los uniformados no implicó violencia, más de la que significa tomar a los chicos de los pies y brazos para sacarlos, dijo el jerarca de la educación. Sin embargo los partes médicos de tres empresas de emergencia médica que actuaron en la ocasión dan cuenta que el reparto de golpes fue parejo contra los jóvenes.

En esos informes, en poder de LA REPUBLICA, los médicos repitieron palabras como: contusión, traumatismo, golpes, paciente que refiere haber sido agredido…, lesiones varias, hematomas y haber sufrido lesiones durante un procedimiento policial, entre otros comentarios.

Uno de los estudiantes del liceo Miranda que estaba ocupando, dijo ayer a LA REPUBLICA que los coraceros utilizaron una violencia desatinada, «rompieron la primera puerta con una tenaza y cuando abrimos la segunda puerta para salir, nos empezaron a golpear con palos». Contó que él pudo salir corriendo. También comentó que escuchó disparos aunque no sabía si eran al aire para persuadir, o contra ellos. Ninguno de los partes habla de heridos de bala.

Este joven cuestionó duramente a las autoridades de la Enseñanza y al director del liceo, por haber permitido la golpiza.

Fernanda tiene 19 años y también es estudiante del Miranda. Contó a LA REPUBLICA que a pesar de que los jóvenes anunciaron que saldrían pacíficamente, los coraceros repartieron palos. «Les vamos a dar bomba igual por no desocupar cuando debieron hacerlo» le gritó un coracero. Uno de esos golpes le hizo perder dos dientes.

La abogada de la Asociación de Funcionarios de UTU, Estela Paiva, fue convocada en horas de la madrugada del domingo para constatar lo que estaba ocurriendo. Tanto en las comisarías vigésimacuarta, del Cerro, como la cuarta de la zona del Palacio, se encontró con un «cuadro lamentable», consecuencia de una «total represión». En ambas seccionales, en nombre de los estudiantes presentó denuncia la que fue ratificada por los padres. De inmediato tomaron intervención los jueces, Fanny Canessa y Ferreira, quienes dispusieron que los jóvenes pasaran a médico forense para constatar el tenor de los golpes.

El dirigente del PIT-CNT, Juan Castillo, fue convocado por los vecinos del Cerro donde él vive, para ayudar a los estudiantes. Llegó cuando el operativo había terminado, pero presenció cómo habían quedado los chicos. Comentó que «nada justifica la violencia pero menos en este caso donde utilizar el aparato represivo contra los niños no tiene sentido», dijo.

La otra visión

El presidente de Secundaria, Jorge Carbonell, dijo a LA REPUBLICA que «la violencia provino de los estudiantes» y comentó que hasta último momento se intentó que los jóvenes desistieran de su actitud. Sobre las 19 horas del sábado reunió a los inspectores y directores de Secundaria para evaluar la situación. El marco era que todos los liceos estaban desocupados menos dos (el 11 y el Miranda) por lo que se consideró que se habían agotado los plazos. Recordó que el jueves 26 habían advertido a los estudiantes que se procedería al desalojo por la fuerza pública, lo que no fue tenido en cuenta, dijo.

Comentó asimismo que los directores de ambos liceos presenciaron desde la vereda el operativo policial y según le informaron no hubo «ni garrotazos» ni violencia, más que la que implica sacar a alguien que se tira al suelo, del brazo y piernas para afuera.

Al ser consultado sobre los fallos judiciales que no dieron lugar al recurso de las autoridades del Codicen para que la Justicia aprobara el uso de la fuerza, Carbonell interpretó que esos fallos «los invitaron» (a las autoridades de la educación), a aplicar el decreto 286 por el cual se habilita la convocatoria a la Policía para casos como las ocupaciones.

El jefe de Policía de Montevideo, Nelsi Bobadilla, que no presenció este operativo, señaló a LA REPUBLICA que en los informes que le elevaron no se hace mención a que hubiera habido represión por parte de las fuerzas actuantes. Explicó que los operativos se hicieron a las 2 de la mañana «porque a esa hora hay menos alumnos en la ocupación» y por lo tanto se disminuye el riesgo de enfrentamientos.

Dijo asimismo que los estudiantes del Liceo 11 que fueron remitidos a la seccional se negaron a ser revisados por médicos de Salud Pública, pero al contar los jóvenes con constancias médicas de emergencias móviles, se dio intervención a la Justicia que dispuso el pase a médico forense.

Bobadilla explicó asimismo que hoy volverá a analizarse a nivel policial aspectos del operativo de los liceos y si hay denuncias (como las presentadas por los padres y estudiantes) ordenará investigar si hubo excesos de parte de los uniformados. *