¿Por qué tanta movida por la perra, y pasividad ante cosas más graves?

Los adolescentes que se filmaron matando una perra en Nueva Palmira están internados en el INAU. La medida fue tomada de común acuerdo entre los jóvenes sus familias y la jueza de familia de Carmelo. La idea es darles seguridad a los jóvenes ante una ola de amenazas que están sufriendo tanto ellos como sus familias. Paralelamente, la Comisión de Bienestar Animal decidió imponerles a los jóvenes una medida precautoria de no acercarse a un animal doméstico a menos de 15 metros durante un lapso de ocho meses.

«La medida fue tomada en tanto esperamos las actuaciones nos sean enviadas desde la Justicia para profundizar en las declaraciones que se hicieron en la sede judicial y ver qué tipo de sanción se aplicará. No se descarta tampoco que solicitemos nuevos interrogatorios si la Comisión así lo entiende», indicó a LA REPÚBLICA Ricardo Púrpura, integrante de la misma. Ayer al mediodía se realizó un escrache a las puertas de la Comisión (ver nota aparte). La joven de 15 años que filmó el video no fue internada en un hogar de INAU de Colonia porque sus padres se negaron. La adolescente sufre de leucemia y la internación para sus padres no garantizaba la correcta atención médica.

La medida de guarecerse en el INAU fue tomada a instancias de los propios jóvenes. Las amenazas de todo tipo no han cesado de caer sobre ellos y la familia. «Ellos mismos pidieron ir, por seguridad, porque tenemos miedo» dijo Miriam a LA REPÚBLICA, madre de José, uno de los cuatro adolescentes que el martes fueron indagados por la jueza de Carmelo Ana Claudia Ruibal. Los cuatro adolescentes estuvieron en el Juzgado hasta la una de la madrugada de ayer. Al finalizar la indagatoria los adolescentes pudieron encontrarse entre sí y dialogar. «Ellos hablaron entre sí y se dijeron que lo que habían hecho fue un verdadero error», dijo Miriam. «Al principio yo me opuse, pero ellos mismos entendieron que debían ser castigados, y que además no podían poner en peligro a su familia». Sin embargo «las amenazas continuaron, la última fue el lunes que me llamaron para avisarme que iban a quemarme mi casa». Pero no quedó solo allí, ya que Miriam se encontró ayer con que en buena parte de la ciudad de Nueva Palmira, en las paredes se habían pegado fotos de los jóvenes. «Fueron vecinos de acá, y voy a denunciar este hecho y además las amenazas» explicó Miriam, quien agregó que la familia estudia la posibilidad de mudarse. Por su parte el director del INAU, Pablo Ferrando, se mostró molesto por el manejo que se hizo del tema, la dimensión que tomó a través de los medios y la ausencia de resguardo en la identidad de los menores y de los domicilios de estos.

Si bien el director del INAU consideró reprobable la muerte del can, indicó que «a partir de un cruel trato a un animal han pasado a estar en riesgo los propios adolescentes y sus allegados. De alguna manera la noticia del domingo hoy se dio vuelta. Han recibido amenazas, no se ha preservado la identidad, se ha indicado dónde viven, dónde estudian», dijo en diálogo con LA REPÚBLICA. Para Ferrando debería haber una reflexión en los medios que amplificaron el hecho reproduciendo varias veces las imágenes. Destacó que hoy hay familias amenazadas y la situación de marginalidad que cayó sobre ellos además complica cualquier proceso socio educativo que se pueda llevar adelante con los jóvenes.

De la misma forma el jerarca de INAU consideró una paradoja que tanta gente de Nueva Palmira se movilice en contra de estos jóvenes y no haga nada por la prostitución de menores que se da en la misma ciudad. Dijo que no entiende por qué la gente no sale «a protestar e identificar a adultos consumidores de servicios sexuales de menores, una situación más grave que esta. Me produce una mezcla rara de indignación la trascendencia que se da a un hecho como este y que se desconozcan otros hechos que ocurren».

MARCHA Y PROTESTA

* Ayer al mediodía unas 200 personas se juntaron ante las puertas del Ministerio de Educación y Cultura, en la esquina de Paraguay y Mercedes, donde funciona la Comisión de Bienestar Animal, reclamando que la misma cumpla con la ley que la creó y que efectúe las investigaciones de las denuncias que recibe. Como informara LA REPÚBLICA, la Comisión, a un año de creada, no tiene recursos asignados por el MEC por lo que prácticamente no puede investigar ninguna denuncia que le llega. La protesta incluyó decenas de animales que fueron llevados por sus propietarios, ropas de luto por la perra asesinada y pancartas que decían «yo defiendo a los que no tienen voz» o «se va a acabar el maltrato animal». «Estamos muy conformes con la convocatoria, pudimos hablar con el presidente de la Comisión y esperamos que se tomen las medidas necesarias para que se cumpla con la Ley de Protección Animal», dijo a LA REPÚBLICA Rosana Ameglio, de la protectora de animales El Refugio. Cabe acotar que la dicha ley aún no ha sido reglamentada, punto este que fue uno de los reclamos de la movilización.