Intendencia remite a la Junta Departamental proyecto para regular aplicaciones tecnológicas en el transporte

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, junto a jerarcas de la Intendencia, presentó este viernes 11 de noviembre el proyecto de decreto por el cual se regula el funcionamiento de las empresas que utilizan aplicaciones tecnológicas para su contratación, por parte del usuario.

A través de la iniciativa se dispone que los choferes que se desempeñen para empresas como Uber, EasyGo o Cabify, deberán disponer de licencia profesional de conductor, contar con un seguro especial y realizar aportes ante el Banco de Previsión Social (BPS).

Por otro lado, se establece que los vehículos deberán someterse a controles técnicos, al igual que lo taxímetros.

Mientras que la Intendencia de Montevideo se reservará el derecho a limitar el número de vehículos que participen del negocio y autorizará un auto por persona, al tiempo que exigirá el pago de un canon.

Entretanto, en el proyecto se dispone que las empresas que utilicen las plataformas informáticas deberán informar sobre sus conductores y ofrecer cobertura en todos los barrios.

La iniciativa del Gobierno capitalino será remitida a la Junta Departamental de Montevideo para su aprobación.

El proyecto de la Intendencia se suma al que ya presentó el Gobierno nacional ante el Parlamento, por lo cual será complementario, aseguró Martínez.

Proyecto del Ejecutivo

En marzo pasado el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento nacional un proyecto de Ley cuyo objetivo es “acompasar los cambios y evitar la desregulación en detrimento de consumidores y competidores”.

El proyecto del Gobierno dispone que “los servicios prestados por personas mediante el uso de sistemas informáticos, incluidos los intermediarios en la transmisión de contenidos vía electrónica, quedan sometidos a los controles, autorizaciones, permisos, licencias, registros, y otras regulaciones que para la actividad privada establecen las normas relativas al servicio final que se desarrolle como parte de su oferta”.

También hace referencia a su “concordancia con lo dispuesto en otras normas que tienen como finalidad la protección de la salud y la seguridad pública, incluida la salvaguarda de la defensa nacional, los intereses del consumidor, el régimen tributario, la protección de datos personales, y la normativa reguladora de la promoción y defensa de la competencia”.

Otro de los aspectos que se incluye en la disposición del Ejecutivo se refiere a que “las relaciones de trabajo se regirán por las normas laborales y previsionales vigentes”.