Tabaré Vázquez expresó preocupación por robo de archivos sobre desaparecidos y la INDDHH denunció intencionalidad de entorpecer investigaciones

El Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, informó este lunes 28 que constató el ingreso de personas no autorizadas al laboratorio de Arqueología Forense y también la falta de material de archivo, relacionado con los trabajos de búsqueda de detenidos – desaparecidos en el marco de la pasada dictadura cívico militar (1973-1985).

Asimismo, las personas que ingresaron al laboratorio dejaron en el lugar un mapa con la dirección donde vive cada uno de los integrantes del grupo de investigadores, lo cual se consideró como una “amenaza”.

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) realizó la denuncia policial en la Seccional 3ª de Policía e intervinieron la Dirección Nacional de Policía Científica y la Dirección General de Información e Inteligencia Policial.

El decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, expresó a radio Uruguay que se trata de un hecho de “gran preocupación”. Aseguró que no es un episodio casual, sino planificado, por la forma en que ingresaron a laboratorio y de ubicar los materiales que fueron hurtados.

“Esto ocurre en el momento que el grupo de trabajo por Verdad y Justicia plantea su plan para los próximos años y luego de que han llegado nuevos datos a través de Familiares y de gestiones que ha realizado la Iglesia Católica”, advirtió Rico.

Además del robo del disco duro, del cual existe respaldo, también apareció en el lugar un mapa de Montevideo en el que se marcó en un círculo la dirección de las viviendas de los integrantes del equipo de investigadores.

“Son nueve los integrantes del equipo de antropólogos que viven en Montevideo y cuyas direcciones aparecen marcadas en el mapa”, relató el decano de Humanidades.

Preocupación

Por su parte, el prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, se comunicó con Rico, para expresarle su solidaridad ante el robo del material al grupo de arqueólogos.

Roballo aseguró a El Observador que el presidente de la República Tabaré Vázquez “sigue muy de cerca el hecho” que preocupa al gobierno.

Por su lado, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) indicó que de acuerdo a la información que ha hecho pública la Facultad de Humanidades “es evidente que existe una clara intencionalidad de los autores de este atentado dirigida a entorpecer los trabajos que desde hace varios años se llevan adelante en el país, para erradicar la impunidad de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado”.

“Aclarar lo ocurrido resulta fundamental para el funcionamiento del sistema democrático y el Estado de derecho”, dijo la INDDHH a través de un comunicado.

Mientras tanto, el secretario general de Derechos Humanos de Presidencia, Javier Miranda, manifestó la preocupación que existe por el robo, pero  de todos modos advirtió que se debe aguardar el resultado de la investigación.

“Es preocupante que en una institución pública sucedan estas cosas. Además, la supuesta amenaza hacia los integrantes del grupo se trata en realidad de bravuconadas”, sentenció Miranda.

Desde la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se indicó que el robo es un hecho “muy grave  que tiene el claro objetivo de amedrentar”.

“Este robo nos retrotrae a las prácticas ejercidas por el terrorismo de Estado”, lamentó la organización.

A comienzos de marzo, el grupo de antropólogos forenses retomó la búsqueda de restos de cuatro hombres y una mujer en el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea Número 1, ubicado en la localidad de Piedra del Toro, Canelones.

Días pasados, el Papa Francisco anunció que el Vaticano abrirá sus archivos sobre las dictaduras latinoamericanas, incluyendo la uruguaya.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República afirmó que las personas detenidas desaparecidas dentro del período comprendido entre los años 1968-1985, es de 192 ciudadanos.