AFRODESCENDIENTES

La pobreza afecta al 22% de la población afrouruguaya, mientras los blancos pobres son el 8%

La pobreza en el Uruguay afecta al 22% de la población afrodescendiente, mientras que los blancos pobres son el 8%, según datos que difundió el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

 

afrouruguayEn el marco del lanzamiento del “Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes”, que define la  Organización de Naciones Unidas para el período 2015-2024, Uruguay tiene como objetivo apuntar a la inclusión social de unos 300.000 ciudadanos que componen dicha población.

El decenio internacional que regirá de 2015 a 2024 y fue definido durante la Asamblea General de Naciones Unidas de 2013 busca “reparar las condiciones sociales en las que viven cerca de 200 millones de descendientes de africanos en las Américas”.

Durante el inicio del decenio, el Ministerio de Desarrollo Social presentó un “panorama de las desigualdades raciales” en Uruguay, e hizo hincapié en la importancia de la aplicación de las políticas afirmativas para revertirlas, de acuerdo a la Ley de 2013.

En tal sentido, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo que el lanzamiento del decenio es un “compromiso institucional del gobierno y de las organizaciones sociales que luchan por la justicia social y la defensa de los derechos para acceder a una vida digna”.

Pobreza

Según datos del MIDES, “la pobreza afecta a un 22% de la población afrouruguaya, mientras los blancos pobres representan un 8%”.

“Disparidades semejantes se reproducen en los indicadores de niveles de estudio y de ocupación de puestos de trabajo”, dijo la secretaria de Estado.

Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, expresó que en la sociedad uruguaya, “el racismo y la discriminación racial, entre otras situaciones, continúan definiendo y condicionando las posibilidades, sobre todo, de la población afrodescendiente”.

La Ley de acciones afirmativas establece un 8 % de las plazas de empleo abiertas al año en instituciones y organismos estatales deben ser ocupadas por personas afrodescendientes.

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