Separan del cargo a psicóloga del Ministerio del Interior por denuncia de falsos informes

La psicóloga Fulco se desempeñaba en esa función desde 1992, siendo una de las profesionales con más actividad en temas de maltrato a niños y violencia familiar en Uruguay. Trabajó para varias de las organizaciones que actúan en esta materia, incluso Unicef. El 26 de abril pasado, la encargada de la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito, inspectora Graciela López, le inició un sumario al tiempo que se dispuso su alejamiento del cargo mientras dure la instancia administrativa.

El propio ministro Guillermo Stirling reconoció anoche a LA REPUBLICA que Fulco fue separada transitoriamente del cargo debido a las denuncias formuladas por los padres que habrían sido perjudicados al ser acusados de abuso y maltrato infantil en base a dudosos informes psicológicos a los que fueron sometidos sus hijos. Las denuncias de estos padres fueron planteadas ayer en el Parlamento y anteriormente ante la Justicia y el propio Ministerio del Interior.

Stirling reconoció que los denunciantes fueron los mismos que se entrevistaron con él para trasmitirle su preocupación por estas presuntas irregularidades que actualmente están siendo investigadas a nivel administrativo y judicial.

La inspectora López explicó a LA REPUBLICA, que se presentó una denuncia penal, ya que además de haberse reunido elementos de prueba sobre el cometimiento de una eventual falta administrativa, también se advirtió la posibilidad de que haya incurrido en un delito.

Las sospechas sobre la conducta de Fulco se plantearon cuando en marzo pasado una mujer llegó con su problema al Ministerio del Interior. Fue atendida por la psicóloga Fulco, que tras tomar el caso lo habría derivado a dos técnicas bajo su mando.

Pero, de acuerdo a la información recabada, la atención por parte de estas funcionarias se habría trasladado a la órbita privada, detectándose así el conflicto entre lo público y lo privado.

La situación llegó a conocimiento de la inspectora López, quien mantuvo una entrevista con la señora para conocer detalles sobre la asistencia recibida desde un primer momento. Fue allí que surgieron las dudas, por lo que la jerarca dispuso la iniciación de una investigación de urgencia el 23 de abril, que terminó 48 horas después.

El 25 de ese mes se concluyó que había elementos para establecer que se había cometido una falta administrativa, lo cual dio inicio al sumario para Fulco y para las dos técnicas bajo su mando.

Un día después se elevaron los antecedentes a la Justicia Penal.

Paralelamente, la psicóloga Fulco enfrenta otra delicada situación, ya que su actuación en la órbita privada también está bajo la lupa. Ayer fue denunciada en el Parlamento de sugerir a sus clientes la elaboración de informes falsos sobre maltrato psicológico y abuso sexual, en el marco de litigios por divorcios. Estas pericias fueron presentadas como pruebas ante la Justicia, afectando los derechos de patria potestad.

La noticia de la investigación sumarial se conoció ayer, el mismo día que LA REPUBLICA publicó la denuncia de un grupo de padres que afirman que fueron afectados por la venta de informes psicológicos «inventados», que fueron utilizados por parte de uno de los progenitores para obtener por parte de la Justicia una medida cautelar, que le permite tener para sí a su hijo.

Paula Poggio, María José Amengual, Hugo Orbiz, Martín Otero, Jorge Dosil y Víctor Martínez informaron en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de la serie de irregularidades cometidas en el Poder Judicial y en dependencias de la cartera del Interior, en casos de custodia de menores.

Todos estos casos tienen en común que los fallos de la ex jueza Ana Lima perjudicaron a estos padres que perdieron la patria potestad y en algún caso fueron remitidos a prisión.

En los últimos días, la jueza Gabriela Merialdo (Penal 17º) dictó sentencia absolutoria para quienes fueron acusados de abusar y maltratar a los niños.

El diputado Edgar Bellomo (Alianza Progresista) e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes señaló que todo lo relacionado «con el abuso sexual infantil es un tema que preocupa», por lo que se están «juntando todos los elementos sobre el tema». Agregó que comparte las afirmaciones de los padres separados de hijos menores en cuanto a que «las pericias forenses o medidas cautelares se extienden por mucho tiempo.

Estamos disponiendo que la información que dejaron ante la Comisión será transmitida a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio del Interior y a la Asociación de Psicólogos del Uruguay porque en la medida que se sienten involucrados nos interesa su opinión», agregó el parlamentario. *