Uruguay: consumo adolescente, flanco débil del proyecto de marihuana libre

Las reacciones se dispararon en distintas partes del mundo cuando el gobierno izquierdista de este pequeño país sudamericano anunció que buscaría regular y cobrar impuestos al consumo de marihuana. Entre otros, la revista estadounidense Time elogió la iniciativa, mientras que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) advirtió sobre los riesgos de adoptar políticas «decepcionantes».

El gobierno pretende poner el mercado de la marihuana bajo control estatal, desde el cultivo local de cannabis hasta la venta a ciudadanos mayores de 18 años. El presidente José Mujica y algunos de sus colaboradores expusieron las razones de la propuesta y desarrollaron algunos detalles, pero no hay todavía un proyecto de ley escrito al respecto.

La regulación incluiría un registro de usuarios, que permita establecer patrones individuales de compra y consumo, y la fijación de una cantidad personal máxima, que no superaría los 30 gramos por mes, bajo el supuesto de que consumir más de un gramo de marihuana por día constituye un «uso nocivo».

En virtud del registro, sería posible identificar a quienes se encuentren en esa situación y ofrecerles consejería y tratamiento.

En Uruguay se penaliza la producción y comercialización de la marihuana, pero no su consumo. Pero la ley no establece la cantidad límite de droga aceptable para uso individual, extremo que queda a criterio del juez.

Este vacío legal suele terminar con simples consumidores presos. Las estadísticas indican que entre 2006 y 2009 fueron encausadas judicialmente 651 personas por posesión de unos pocos gramos de esa droga.

Las estimaciones oficiales indican que unas 150.000 personas consumen o consumieron marihuana en este país con 3,3 millones de habitantes.

Desde luego, los usuarios deben tratar con organizaciones delictivas para obtener la hierba, y el acto de compra está cementado al de la venta, que es delito.

Las autoridades afirman que se busca separar la marihuana del tráfico de otros estupefacientes más peligrosos, aunque mucho menos consumidos, como la «pasta base», un producto intermedio de la obtención de clorhidrato de cocaína conocido como la droga de los más pobres y asociado con adicción severa y aumento de delitos violentos.

Se pretende abatir el consumo y el narcotráfico, achicando las ganancias del negocio ilegal. También un impuesto específico permitirá obtener recursos para ampliar los programas de rehabilitación.

No está claro si el Estado se convertirá en productor y vendedor de cannabis o si emitirá licencias a terceros, que actuarían bajo su regulación.

La marihuana es la cuarta droga más consumida en este país después del alcohol, el tabaco y los psicofármacos, los tres regulados.

Vaivenes en un mar de fracasos

Los países han avanzado y retrocedido en la reforma de sus políticas ante la marihuana.

Por ejemplo, Estados Unidos vive una ola de cambio en el ámbito estadual, tanto en despenalización como en el uso medicinal, mientras que Holanda, luego de décadas de venta regulada de marihuana en los cafés, decidió este año prohibir que accedan a ella los extranjeros y obligar a sus ciudadanos a registrarse previamente.

Pero una cosa es segura, la guerra mundial contra las drogas es un fracaso que, en muchos países de América Latina, se acompaña de dosis catastróficas de corrupción, violencia y violaciones de los derechos humanos.

Mientras tanto, los propios informes de la ONUDD muestran que los mercados del narcotráfico permanecen estables e, inclusive, se expanden a nuevas regiones y productos, como las drogas sintéticas o genéticamente modificadas que, lejos de sustituir a los narcóticos y los psicotrópicos obtenidos de vegetales (coca, adormidera y cannabis), amplían la variedad de la oferta.

La iniciativa uruguaya pone esta realidad incontestable sobre la mesa. Si logra convertirse en ley, será el primer paso en un territorio casi inexplorado por las políticas nacionales.

No es tan sencillo, admitió Mujica

Pero hay varias preguntas que requieren respuesta.

¿Cómo legalizar la marihuana sin violar convenciones internacionales para el control de drogas? ¿Cómo evitar convertirse en un paraíso regional de esta sustancia?

Si la policía y la justicia ya tienen dificultades para hacer frente al aumento de este comercio ilegal y de la violencia que lo acompaña, ¿cómo hará el Estado para implementar este nuevo sistema sin que acabe alimentando aún más el narcotráfico?

Pero lo más preocupante del proyecto se refiere a los jóvenes y a la salud.

¿Una dosis personal de 30 gramos por mes es un umbral adecuado para evitar el abuso? Esa cantidad implica un consumo cotidiano de un gramo. Precisamente, el uso «pesado» de cannabis se define como diario o casi diario por los especialistas.

Aunque la marihuana esté considerada una droga «suave», está muy lejos de ser inocua.

Sin entrar en reacciones más severas, lo más común es que altere el rendimiento intelectual, porque bajan la concentración, la memoria y los reflejos. Los efectos perduran más de 48 horas, así que un porro (cigarrillo de cannabis) cada dos o tres días mantiene a la persona «empastada» y con recursos disminuidos.

Si las cifras oficiales son correctas, más de la mitad de los nuevos consumidores tienen entre 15 y 17 años. La marihuana se vende en las cercanías de casi todas las escuelas secundarias de este país, y cada vez más adolescentes fuman porros libremente por la calle.

¿Qué pasará con esos consumidores si el Estado controla el mercado solo para los adultos?

Un experto que trabaja con drogas y adolescencia dijo a IPS que la mayor parte de la marihuana que se vende hoy en Uruguay es una variedad genéticamente modificada, con efectos tres o cuatro veces mayores que las tradicionales.

Los impactos físicos y psicológicos de esos porros transgénicos son difíciles de absorber a una edad tan temprana como los 14 o los 15 años, agregó el experto.

Los adolescentes ya viven diferentes situaciones de abandono o marginación en este país de población escasa y envejecida.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 40 por ciento de las niñas y niños nacen en la pobreza.

Una potente campaña, dirigida por políticos opositores, intenta bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, bajo el argumento de que la creciente inseguridad pública se debe a la delincuencia adolescente.

En este contexto, el gobierno de Mujica no debería correr el riesgo de que su política liberal para la marihuana termine empujando a los consumidores adolescentes a la ilegalidad, en vez de ayudarlos a superar situaciones de abuso y adicción y promover su salud, libertad y bienestar. IPS