Daniel Olesker: “Ser pobre también es un problema de derechos civiles”

–¿Cómo caracterizaría la etapa que está viviendo Uruguay en el marco del proceso que se inició con el primer gobierno del Frente Amplio?

–A fines de los ’60, en Uruguay empieza a delinearse un modelo de acumulación que tiene su fuerte en los años ’90, que hemos caracterizado como Liberal Aperturista Concentrador y Excluyente (modelo LACE). El programa de gobierno del Frente Amplio tiende a ser una alternativa a ese modelo. Los dos primeros años del primer gobierno del FA, entre 2005 y 2007, fueron de reconstrucción: reconstrucción en lo social con el Panes (Plan Nacional de Emergencia Social), reconstrucción laboral con la convocatoria a negociación colectiva y recuperación del crecimiento económico, que ya en el 2003-2004 había comenzado, pero de 2005 en adelante se consolida con fuerza. En 2007 se da un punto de inflexión, con el cierre del Plan Nacional de Emergencia Social y la definición de un conjunto de reformas estructurales en la matriz social y alguna de la matriz productiva. Se lleva adelante la reforma tributaria, la reforma de salud, la reforma laboral, la reforma de la seguridad social, la ley de educación, entre otros avances. Esa segunda mitad del primer gobierno ya podría entenderse como un avance en la conformación de una especie de Estado de Bienestar moderno. El segundo gobierno, a partir de 2009, lo ubicamos como un modelo de crecimiento con distribución e integración social, a partir de cuatro grandes cambios. El primer gran cambio tiene que ver con el reparto de la productividad. El primer gobierno había recuperado la negociación colectiva en materia laboral y permitió mejorar los niveles salariales, aunque no modificó el reparto entre ganancia y salario, más allá de la mejora del salario real. El segundo gobierno incorpora una lógica de reparto de la productividad en los convenios colectivos y en los salarios en el sector público. El segundo gran cambio fue la extensión de la lógica de la reforma de salud a toda la reforma social, lógica que está fundamentalmente basada en la distinción entre la capacidad contributiva de las personas para financiarlo y el acceso al servicio según sus necesidades. Es decir que las personas contribuyen al financiamiento según su ingreso (por impuestos como en la educación o por la seguridad social como la salud) y luego reciben el beneficio según sus necesidades asociadas a su edad, su sexo, su localización en el territorio, con independencia de lo que aportaron. Se resume en “de cada quien según su ingreso, a cada quien según su necesidad”. A la reforma social la hemos llamado protosocialista, ya que va generando formas de organización social con dicha impronta y va abriendo el camino de una transición. Por ello “de cada quien…”, por ello su carácter universal, por ello cuenta con mucha participación social en el diseño y en la implementación, es decir va construyendo poder popular. La tercera es la política internacional. Claramente el segundo gobierno destierra totalmente incertidumbres respecto del TLC con Estados Unidos y concentra su esfuerzo en la integración regional y Sur-Sur. Y en cuarto lugar, se empieza a modificar la matriz productiva (hacia finales del primer gobierno, con el cambio en el Ministerio de Industria, se delinearon las bases) básicamente con tres componentes: un componente de fomento de la economía social, otro de fomento del valor agregado nacional a través de la modificación productiva y finalmente un proceso de cambio en la matriz energética potenciando la interconexión regional y la soberanía nacional.

En esta dirección se aprobó en este período el Fondes (Fondo Nacional de Desarrollo), el que, con utilidades de la banca pública, financiará proyectos de autogestión de los trabajadores. Asimismo, la propia reinserción internacional va en ese sentido, ya que un modelo centro-periferia no aumenta valor agregado, mientras que un modelo Sur-Sur recupera la capacidad de agregar valor y de proyectos de complementación productiva. A todo esto hay que agregar que la reforma tributaria, iniciada en 2007, se profundiza modificando en el caso del creado Impuesto a la renta de las personas físicas (porque hasta la llegada del Frente Amplio al gobierno sólo trabajadores y jubilados pagaban impuesto por sus ingresos) que se propone subir las tasas marginales superiores, aumentar el mínimo no imponible y al mismo tiempo se crea un impuesto para las grandes extensiones de tierra y se devolverá el IVA para todas las transferencias sociales del gobierno. En síntesis, yo creo que este segundo gobierno está encaminado a superar el modelo Estado de Bienestar y va a un modelo de crecimiento con distribución e inclusión. De ahí que la tarea política del Congreso del Frente Amplio que defina las metas para el tercer gobierno tiene que ser claramente de profundización socialista, sobre la base de este modelo que estamos construyendo. Esto, obviamente, con las contradicciones dialécticas que tiene este proceso, que implica que algunas de las medidas que se están tomando en el terreno del crecimiento no contribuyen en este sentido, pues no siempre siguen las reglas de juego distributivo, pero son parte necesaria del proceso de mejora de la calidad de vida y del empleo.

 –En relación con la problemática social se reactualizan algunas discusiones sobre los paradigmas de las políticas sociales, como la que se daba entre políticas focalizadas y políticas universales. Evidentemente la tendencia hacia la universalización es parte del paradigma de las políticas sociales de estos nuevos procesos políticos progresistas, pero las dificultades que muestra por un lado la propia estructura económica y el mero crecimiento para reproducir el esquema del pleno empleo, y por otro lado la propia fragmentación de la sociedad, obligan a repensar un esquema de políticas sociales que atienda a esa diferenciación. ¿Cómo están abordando este tema?

–Nosotros armamos un esquema de políticas sociales a partir de reconocer que en Uruguay hay tres grandes segmentos de población. El primer escalón representa al 3 por ciento de los hogares, son 30.000 hogares, que son los más críticos, que denominamos vulnerables a la indigencia. Después viene el primer quintil de ingresos, que denominamos vulnerables a la pobreza, sea porque están por debajo de la línea de la pobreza (12 por ciento de los hogares) o porque tienen riesgos asociados, y después el resto de la población. Por otro, lado definimos políticas en materia social de salud, educación, vivienda, trabajo, deportes, con grado de integración entre ellas y planificamos dichas políticas para actuar sobre el conjunto de la población y al mismo tiempo con prioridad sobre los segmentos más vulnerables. Entonces, cuando diseñamos una política que va para el primer 3 por ciento, tenemos que diseñar una trayectoria que llegue a una política universal. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con los jóvenes que no trabajan ni estudian; vamos, los traemos, los convocamos, los encantamos, logramos que recuperen confianza, que lo que van hacer es bueno y útil. Luego desarrollamos actividades de deporte, recreación, les damos una formación básica y luego ¿a dónde van? Tienen opciones en el sistema educativo como un FPB (Formación Profesional Básica), de la UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay), que les da una formación corta y después pueden terminar la propia UTU, aulas comunitarias para revincularse con el liceo, cursos no formales como formación profesional y/o pasantías laborales; de eso se trata la trayectoria. Si el sistema educativo no está armado de manera tal que permita esa trayectoria, lo que hicimos con la política hasta ese momento fue aguantarlo un par de meses. Por ello es tan importante el avance en el sistema educativo, preocupación central del presidente. Lo mismo se puede decir en relación con la vivienda. Hemos comenzado una fuerte política de realojos. Ahora, los realojos tienen que tener una política posterior que le permita a la persona permanecer en esa vivienda e integrarse a otras áreas de la sociedad como el trabajo, la alimentación, la salud, el deporte. A todo esto se suma el plan de integración sociohabitacional Juntos, que depende de Presidencia, que integran el Mides y el Ministerio de Vivienda, que trabaja en soluciones habitacionales de emergencia para la población más crítica y se integra en un marco social a soluciones futuras.

–Suele afirmarse que “la mejor política social es el empleo digno”. ¿Cómo se articulan las políticas sociales y el mercado de trabajo en Uruguay?

–En el mercado de empleo hoy en Uruguay existen tres situaciones distintas. Un mercado formal de trabajo relativamente dinámico, con mejora tecnológica, con oferta insuficiente, en el cual las políticas sociales son el acceso a los servicios básicos de salud, educación, vivienda y acompañan la mejora salarial. Un segundo segmento formal, pero de bajo nivel tecnológico y por lo tanto donde la calidad del empleo y el nivel salarial van más lento. Ahí el empuje fundamental es la política salarial de elevación de los mínimos y la política social de acceso preferencial a algunos servicios. Y después el sector informal, donde el eje es la política social, porque al no acceder a los beneficios contributivos de la seguridad social, hay que llegar directo, con prestaciones sociales. Allí trabajamos en la política de estímulo a la formalización como el monotributo Mides para emprendedores bajo la línea de pobreza que se formalizan a un muy bajo costo y otra medidas.

–Estos ajustes en la complementariedad de las políticas suponen un grado de coordinación interministerial en el diseño de las políticas. ¿Cómo se realiza esa coordinación en Uruguay?

–Aquí funcionamos con tres gabinetes sectoriales: social, productivo y de seguridad, y funcionan muy bien. El Mides (Ministerio de Desarrollo Social) tiene la función de ser el coordinador del gabinete social, a su vez tiene un Consejo Asesor de Políticas Sociales y además en cada departamento del país tiene una mesa de políticas sociales con todos los organismos ministeriales y servicios públicos que ejecutan políticas sociales más los gobiernos departamentales y municipales. Dos ejemplos del gabinete social. Primero, para el plan de políticas 2012, el gabinete social se reunió los tres meses finales de 2011 y elaboró una propuesta conjunta con seis proyectos que serán prioridad en 2012 con eje en primera infancia y adolescencia y juventud, y ejecutados de manera colectiva. Segundo ejemplo es que ahora vamos a poner cuatro oficinas más del Mides en lugares donde el Ministerio de Educación y Cultura y otros organismos públicos tienen oficinas y serán oficinas de ventanilla colectiva de la política social. En este sentido, en el gobierno de Mujica se trabaja mucho en equipo con una visión integradora de las políticas públicas.

 –¿Qué nos puede decir respecto de las políticas vinculadas con derechos no económicos, como los derechos civiles?

–Nuestra visión de la vulnerabilidad no es sólo económica o de ingreso. Ser pobre o haber desigualdad también es un problema derechos civiles y de reconocimiento por la sociedad. Hay que destacar que tanto en el primer gobierno del Frente como en éste, se ha avanzado en acciones afirmativas sobre derechos vulnerados no económicos. Básicamente en materia de políticas de género se ha mejorado mucho, hay una ley de igualdad de oportunidades, el Instituto Nacional de la Mujer, que es parte del Mides desarrolla acciones de equidad en el empleo, regula y articula acciones en defensa de las mujeres. Igual en el caso de los afrodescendientes, en que hay por primera vez políticas afirmativas, generales y particulares de empleo. Otros ejemplos tienen que ver con las prestaciones mismas. Por ejemplo el INJU (Instituto Nacional de la Juventud), instituto que integra el Mides, tiene un programa de pasantías para jóvenes que prevé una política de cupos para los negros y los trans. También en la Ley de Empleo Juvenil que estamos por enviar al Parlamento hacemos algo parecido: proponemos un subsidio para empleo a los jóvenes, que es mayor si es joven mujer y aún mayor si es joven, mujer y proviene de hogares de bajos ingresos. Y hay cupos para afrodescendientes y trans.

–Algunos sectores del Frente Amplio, sobre todo el ala izquierda del Frente, se preguntan si el proceso está entrando en una especie de stand-by en relación con algunas definiciones más estratégicas, y señalan algunas discusiones que ha habido en relación con, por ejemplo, el impuesto a la tierra, el tema de la ley de caducidad. ¿Qué consideración política le merece?

–Yo no veo estancamiento. Hay sectores que identifican un mayor giro a la izquierda con mayor estatismo. Yo no comparto esa visión. Creo que los ejes de la transformación tienen que ver con la redistribución de la riqueza, las reformas protosocialistas, la economía social, la participación social que genera poder popular, no con mayor estatización exclusivamente. Y es en ese camino que se transitó hasta ahora y es en ese camino que este segundo gobierno está profundizando las medidas y es en ese camino que el tercero deberá hacerlo. El tema de la Ley de Caducidad lo plantearía aparte, estuvo muy mal tratado, no se hicieron los acuerdos previos para llegar a algo mejor. Pero si se mira la política económica, medidas tales como las políticas industriales, el Fondes, los vínculos con Argentina y Brasil, la política exterior, la reforma social, yo no veo estancamiento. Lo que sí me parece es que a medida que se van dando pasos en materia de profundización, las discusiones son más fuertes. También hay que saber hasta dónde te acompaña la gente, cuántos pasos das y cuántos te acompaña la gente, cuánta conciencia de apoyo al cambio existe y cuánta se genera; eso es la base un análisis objetivo de situación. Y por otra parte, algunas de las trabas para profundizar están en una estructura del Estado que no es apta para ese proceso y que modificarla encuentra resistencias de la burocracia misma.

 –El Frente Amplio es una construcción única en América latina, que ha logrado convocar a distintas tradiciones de la izquierda en una estrategia que intenta articular la vocación transformadora de la sociedad con un ideario democrático que está presente en toda la historia uruguaya, en sus versiones más liberal-democrática, republicana, pero también socialista. Y en ese sentido, la experiencia del Frente Amplio da cuenta de la capacidad para expresar esta estrategia en la disputa política, primero como alternativa frente al neoliberalismo, pero luego también como programa de gobierno. Y eso en un contexto regional, donde una serie de experiencias dentro del ideario nacional popular y de izquierda democrática también han pasado de la resistencia a la construcción de alternativas. Han podido gestionar después de la crisis y hacerlo bien. Sobre esta base, ¿qué reflexión te merece la crisis de la socialdemocracia en Europa?

–Las condiciones en las que gestionó y gobernó la socialdemocracia en Europa tuvieron su límite fundamentalmente en las transformaciones de la base productiva, que no se realizaron a tiempo. Una vez que se agotaron los recursos económicos disponibles, la socialdemocracia se enfrentó a la incapacidad de mantener ese sistema. Yo no creo que en Uruguay se esté cerca del agotamiento de un modelo de crecimiento con distribución sin alterar sustantivamente la base productiva. Pero hay que ir previendo esa situación. Así como cuando todavía no se había agotado la emergencia social, empezaron las reformas estructurales protosocialistas, antes de que se agote la capacidad del desarrollo económico con distribución, sin alterar las bases de la propiedad, hay que ir empezando a ganar espacios para la propiedad social de los medios de producción. Y me parece que eso no se puede hacer si no es con una visión regional. Por eso creo que el Frente tiene que ponerse a discutir partiendo de esa capacidad del Frente para aglutinar sectores muy variados en su visión ideológica, en su visión programática, a partir objetivos que son comunes a todos. Hasta ahora hemos podido avanzar en ese objetivo en un camino distributivo con políticas sociales y laborales y hay que profundizar el debate del modelo productivo.

–¿Y cuál es el estado de esa discusión estratégica dentro del Frente Amplio, cuáles son las fuerzas que pueden impulsarlo?

–Es algo que está comenzando a incorporarse en los congresos del Frente Amplio. En el congreso que llevó al primer gobierno del Frente eran otras las urgencias. En el congreso pasado, previo al segundo gobierno, ya empezaron a discutirse los límites de la profundización. Yo creo que en el próximo congreso, después de diez años de crecimiento económico y mejora social indiscutida, pero limitada en términos de su impacto sobre algunos sectores que siguen rezagados, creo que la discusión debe empezar a darse y va a darse. Y mi opinión es que un espacio privilegiado para desarrollar este debate y liderarlo es el Partido Socialista. No sólo porque tiene la visión socialista de la sociedad y la economía, sino porque ha elaborado fuertemente al respecto y tiene esa capacidad de poner esa visión. De hecho, el Congreso del PS aprobó una propuesta en la que participé, que plantea que el programa del tercer gobierno debe discutir los caminos al socialismo. También dentro del Partido Socialista, Manuel Laguarda y Roberto Conde han desarrollado esa visión, desde una perspectiva teórica muy fuerte. En ese sentido, creo que un aporte a esa discusión estratégica es empezar a escribir sobre lo transitado hasta aquí, cosa que he venido haciendo sobre todo en lo referente a la reforma social. Las tesis del Partido Socialista están muy buenas en ese sentido, son un aporte, pero nos debemos una discusión de conjunto sobre la visión estratégica y tengamos claro que en toda la estructura del frente (grupos organizados e independientes) existen sectores con un gran potencial para impulsar este debate y esta práctica transformadora. De la integración y convergencia de esas visiones saldrá el mejor contenido de la transformación.

Gentileza Página/12