Radios uruguayas comunitarias con buena ley, pero fuera del aire

La Ley 18.232 del Servicio de Radiodifusión Comunitaria, impulsada por organizaciones de la sociedad civil, «es innovadora y vista como una de las mejores en la materia», dijo a IPS el director de la licenciatura en ciencias de la comunicación de la estatal Universidad de la República, Gabriel Kaplún.

«Establece un sector de radiodifusión comunitaria al que se le asigna un tercio del espectro radioeléctrico en todas las bandas de frecuencia y para todas las modalidades de emisión», agregó. Además, el borrador de un decreto sobre televisión digital que prepara el gobierno también «deja reservado un tercio para el sector comunitario».

Martín Prats, presidente del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (Charc) en representación del Ministerio de Industria, dijo a IPS que la ley «establece un proceso trasparente de asignación de frecuencia en distintas partes del país, etapa en la que estamos. Es un proceso que recién empieza, sus resultados van a estar más visibles a partir del año que viene».

Con base en la ley, se realizó en 2008 un censo para asignar frecuencias a radios comunitarias que ya estaban transmitiendo. Se presentaron 413 proyectos, pero solo 92 cumplieron con los requisitos legales.

Ese proceso finalizó en 2010, y apenas en 2011 comenzaron los llamados en distintas localidades del país para asignar frecuencias a emisoras que no necesariamente estuvieran transmitiendo con anterioridad.

La emisora que se presenta al llamado –y que tiene obligación de no transmitir hasta recibir el aval de los organismos competentes– es analizada por el Charc, luego debe pasar por una instancia de consulta pública y, si resulta seleccionada, esperar a que se le asigne una frecuencia.

Hasta ahora, los llamados abarcan a cinco de los 19 departamentos de este país sudamericano, y los más adelantados son Durazno (centro), Flores (sudoeste) y Lavalleja (sudeste), que ya realizaron las audiencias públicas y esperan que el Poder Ejecutivo asigne una frecuencia en cada una de las cinco localidades seleccionadas en esos distritos.

La casa en orden

«El plan es completar los llamados en todo el país durante 2012. Es un proceso muy gradual«, dijo Prats. En cada localidad se licita una sola frecuencia, lo que «en cierta medida limita las pretensiones de los interesados«, pero el fin político que persigue es «el ordenamiento del espectro».

En 2013, «cuando el espectro esté ordenado, se harán más llamados», aseveró. En marzo se realizarán audiencias públicas en los departamentos orientales de Treinta y Tres y Cerro Largo.

José Imaz, de la Coalición por una Comunicación Democrática y miembro de la radio La Cotorra FM, del tradicional barrio del Cerro de Montevideo, dijo a IPS que «la ley ha marcado antecedentes muy importantes en cuanto a la democratización de la palabra, que han sido recogidos en distintos decretos».

Pero en la aplicación «hay un enlentecimiento excesivo» que es «una traba importante para los futuros llamados».

Prats reconoció dificultades en el funcionamiento administrativo. «El Charc es un organismo honorario», y eso determina «falta de recursos», justificó.

La emisora Mega FM de Vergara transmitía desde 2008 en esa ciudad de unos 4.000 habitantes del departamento de Treinta y Tres, contó a IPS uno de sus integrantes, Cristian Rodríguez.

En Vergara funcionaban también otras dos emisoras comunitarias. Todas se presentaron al llamado de asignación de frecuencia y esperan la audiencia pública de marzo. «Apagamos las tres, no hay ninguna en el aire», dijo Rodríguez.

Enlentecimiento excesivo

Pero «la gente siente la falta, porque Vergara es un pueblo chico y está acostumbrado a trabajar junto a las radios comunitarias», lamentó.

Mientras no puede emitir, Mega FM coloca en su sitio web videos de espectáculos musicales y deportivos y de otras actividades de la zona en un canal de YouTube.

Es destacable que la ley uruguaya no establezca límites de potencia de las frecuencias, destacó el profesor Kaplún. «El límite se establece según las necesidades y conveniencias«.

Sin embargo, la puesta en práctica de esta disposición enfrentó dificultades. «Las frecuencias que se adjudicaron en la primera tanda son de corto alcance. Se estableció como medida generalizada una altura de 30 metros de las antenas y una potencia de 30 vatios«.

En las zonas rurales, que tienen espectro disponible y necesitan potencia, «esta adjudicación no parece razonable», opinó.

En la capital, en cambio, no es fácil asignar nuevos lugares en un espectro superpoblado de radios privadas y estatales. «Habría que redistribuir el espectro actual, pero no se eligió ese camino, sino una alternativa para encontrar huecos sin desplazar las emisoras comerciales y públicas», describió Kaplún. «Esto es insostenible«.

Imaz cree que el Estado debe promover a las radios comunitarias y establecer «ayudas económicas para su instalación, además de distribuir mejor la publicidad oficial, tanto en el sector comunitario como en el comercial».

A juicio de Prats, para que exista una «mejor aplicación de la ley tendría que haber un mayor apoyo de recursos económicos y administrativos para el Charc».

Y de ahora en más, advierte, las emisoras «tienen un desafío: asumir el compromiso de que el rol que cumplan sea comunitario y que no hagan proselitismo político o religioso».
IPS